La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), alertó sobre el estado de algunas obras de infraestructura en el país que impactan a sectores tan importantes como agua potable, saneamiento básico y transporte, tanto de las vías concesionadas a cargo de la ANI como de las vías a cargo del INVÍAS, comprometiendo la conectividad, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de miles de colombianos.
Desde abril de 2020, la DIARI ha desarrollado y operado modelos de monitoreo especializados para identificar riesgos y anomalías en obras públicas. Estos modelos han emitido 1.647 alertas, involucrando recursos por $71.8 billones, de los cuales $6.2 billones corresponden a 287 alertas emitidas en 2024.
Entre los proyectos más afectados destacan infraestructura vial (19,81%), vivienda (17,73%), centros educativos (17,67%) y el sector acueductos y alcantarillados (13,50%).
Las principales inconsistencias están relacionadas con: avance físico significativamente menor al programado, suspensiones prolongadas que duplican el plazo contractual y diferencias marcadas entre los avances físicos y financieros de los contratos.
Las alertas reflejan fallas en la planeación, ejecución, puesta en servicio y seguimiento de los contratos, lo que deriva en obras demoradas e inconclusas y costos adicionales que afectan significativamente a las Comunidades beneficiarias de las mismas.
Como bien ya lo manifestó la Contraloría General de la República en agosto del presente año, el Decreto 050 de 2023, que congeló las tarifas de peaje, ha generado un impacto financiero significativo en los proyectos de concesión vial y en las finanzas públicas. Durante 2023, se generó una obligación contractual de compensar a los concesionarios por valor de $ 610.000 millones y para el año 2024 podría alcanzar los $440.000 millones, lo cual se incrementará si prontamente no se realiza el ajuste pendiente del 4,64% del año 2023 y si no se garantiza el ajuste oportuno correspondiente al año 2024.
Además, se reitera que se corre el riesgo de que para los once (11) contratos concesionados viales de iniciativa privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes utilizan la infraestructura vial.
Incluso, se podría ocasionar la terminación anticipada de los mismos, obligando al Estado a tener que asumir estos costos y aprovisionar recursos adicionales para mantener y operar lo parcialmente construido y para finalizar las obras inconclusas. Estas acciones representarían un impacto fiscal severo y un retroceso en la adecuada conectividad vial del país.
La Contraloría General de la República hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades responsables para:
- Fortalecer los lineamientos normativos y técnicos: Se requieren estándares más rigurosos en la planeación y evaluación de proyectos para minimizar reformulaciones y prevenir obras inconclusas.
- Asignar recursos adecuados: La insuficiencia de presupuesto para proyectos prioritarios, como puentes en estado crítico, necesita ser atendida con urgencia.
- Mejorar la supervisión: Implementar sistemas de monitoreo más robustos que permitan identificar riesgos desde las primeras etapas de los proyectos.
- Revisión de políticas tarifarias de peajes: Asegurar que se ajusten adecuada y oportunamente, conforme lo establecen los contratos de concesión vigentes.