Orangután sin sacoleva
Desde cuando el maestro Echandía, del Chaparral de los Grandes, señaló que la democracia colombiana era: “Un orangután con sacoleva”, éste ha crecido tanto y a veces se siente tan poderoso que ni siquiera se toma el trabajo de ponerse el sacoleva.
La reforma a la justicia es la más reciente, pero a buen seguro no ha de ser la última, exhibición del primate sin el sacoleva que en ocasiones disimula sus intenciones. De un solo plumazo, sin objeción alguna del Gobierno nacional, y más bien con la celebración alborozada del ahora exministro de Justicia, se sustituyó la Constitución de 1991 al suprimirle todos los elementos que generaron el consenso que permitió su aprobación en coro por Gómez, Serpa y Navarro.
La mayoría del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los parlamentarios y el de sanciones por su infracción fueron reducidas a extremos que hacen casi inexistentes las primeras, e inaplicables las últimas. La independencia de la Rama Judicial quedó al garete con la supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que no sólo tenía un valor real, sino simbólico, por expresar la superación de viejas y dolorosos épocas mendicantes de los jueces tras el Ejecutivo.
Ni siquiera la adopción de un sistema de investigación y juzgamiento que iguala a los congresistas con todos los demás ciudadanos del país al distinguir las funciones de acusación de las de juzgamiento y permitirles tener doble instancia o la adición presupuestal de 2 billones de pesos para la Rama Judicial o la garantía de que su presupuesto se mantendrá con el IPC más dos puntos, alcanza para rescatar una reforma que tiene más vicios que virtudes.
Pero lo más malo de todo no es que el Congreso y el Ejecutivo se hayan amangualado para producir una reforma tan mala que no sólo acaba con la independencia de la justicia y con el sistema acusatorio, sino que el Gobierno le haya quitado a última hora su respaldo, mediante un procedimiento absolutamente espurio que crea un peligroso precedente para la democracia nacional.
En un país donde el presidencialismo hace extremadamente poderoso al primer mandatario, aceptar que el Presidente de la República pueda además objetar a discreción suya una reforma constitucional tramitada por el Congreso, es un grave precedente que puede conducirnos a una verdadera dictadura.
Y no se justifica reconocerle semejantes facultades al Presidente, porque se trate de un hombre decente como Santos, o porque la medida sea actualmente popular, pues la democracia no puede terminar dependiendo del talante de los mandatarios o del estado de la opinión, sino de la rigurosidad de las reglas.
No hay duda de que el Gobierno quedó en el peor de los mundos, pues quedó patrocinando una reforma constitucional, indefendible, pero inobjetable. Pero no puede quejarse de no tener medios constitucionales para revocarla porque ninguno responda a sus urgencias, pues tanto el referendo como la acción constitucional son caminos válidos, aunque menos veloces.
Esa es justamente la diferencia entre las vías de hecho y las del derecho. Siempre es más fácil patear que litigar, pero no es correcto.
@Quinternatte