La Corte y otros jueces, supuestamente en aplicación de la JEP y del Acuerdo de La Habana, han venido soltando a terroristas condenados por asesinatos, secuestros y bombas: “Camila” condenada a 30 años por intento de secuestro y asesinato de un ganadero; los responsables del carro bomba en Caracol Radio, condenados a más de 27 años; el terrorista responsable de la bomba en el Club El Nogal que mató a más de 30 personas y causó más de 100 heridos; y, últimamente, entre otros,  “Nader” responsable del secuestro y asesinato de un ciudadano norteamericano. Eso es, señor Presidente, lo que quienes usted denomina “enemigos de la paz” llamamos impunidad: ¡im-pu-ni-dad! Entre tanto, los militares y exfuncionarios del gobierno de Uribe siguen engrampados sin posibilidad de redención posible.

El incidente de Nader produjo una fuerte reacción del gobierno norteamericano que había pedido en extradición al sujeto. El secuestro fue por dinero y no tuvo motivaciones políticas.

El embajador de los Estados Unidos envió una carta a la Corte Suprema, responsable de esta liberación (la misma que quiere extraditar a Arias), en la que dijo que se trata de un delincuente extremadamente peligroso (como todos los de las Farc, digo yo) y que el gobierno americano está preocupado por el hecho. “Individuos que cometieron delitos para beneficio personal están excluidos de cualquier trato especial”, agregó. Implícitamente dijo que los dineros ofrecidos por Obama para el posconflicto estarían en peligro.

Ante la carta del embajador, Santos dijo que los fallos de la justicia colombiana “no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros”. Y, agregó: “acatamos los fallos de la Corte y siempre los acataremos”. Según Santos, los acuerdos con las Farc son “palabra empeñada” del Estado colombiano y todos los estamentos y todos los colombianos deben cumplirlos (ojalá fueran también la “palabra empeñada” de las Farc). “Todos estamos comprometidos por la paz”.

Una cosa es acatar los fallos y otra muy distinta no poderlos poner en tela de juicio, lo que es perfectamente legítimo, especialmente los de estas cortes que tienen una aprobación tan baja como la del presidente. Y, si Santos fuera consecuente, habría  acatado la voluntad popular expresada por seis millones de personas en el plebiscito de octubre del año pasado que decidieron no “empeñar su palabra” con el Acuerdo, decisión que debería ser, naturalmente, más poderosa que una sentencia adoptada por cuatro o cinco.

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Coda uno: Si yo hubiera estado en Buenaventura o el Chocó durante los paros, los habría acompañado porque llevan años esperando que les cumplan las promesas. En cambio, los maestros que son burócratas privilegiados, bloquean las calles para que no les evalúen su trabajo. De $8.5 billones de adición presupuestal aprobados por el Congreso para 2017, un billón fue para “educación”.

Coda dos: Todos los días salen nuevas noticias sobre la corrupción en el país. Es aterrador. A propósito ¿Dónde está la plata de Isagén? ¿Cómo va la investigación de Reficar? ¿Y la de Odebrecht?

Coda tres: Según el Fiscal, el decreto-ley 903 de 2017 devuelve por la puerta de atrás a las Farc los recursos que ellas entreguen. El editorial de El Colombiano de 7 de junio dice “este error descomunal  deja mucho qué pensar sobre eventuales acuerdos secretos que el país solo viene a enterarse cuando salen publicados, como hechos consumados, en el Diario Oficial”.