El encarcelamiento para el evasor puede ser sustituido por multas drásticas. En caso de no cancelar la multa sí debe imponerse el encarcelamiento. De otro lado, mientras no se tecnifique y se reestructure la Dian es estimular la corrupción y la deshonestidad administrativa.

La cárcel es lo que más estigmatiza y destruye al ciudadano. Lo convier­te en un leproso moral. Y esta mancha contamina a la familia. Si el gerente o dueño de una fábrica es encarcelado, su empresa se va al piso, condenando al hambre y a la miseria a la familia y a todos los hogares de los tra­bajadores que viven de la empresa. El mismo Estado cerraría una fuente de ingresos fiscales y el desempleo aumentaría en forma alarmante.

En Colombia impera el populismo legislativo y la demagogia represiva. Cualquier irregularidad que impresione a la prensa o a la opinión se trata de solucionar con cárcel, olvidando que las cárceles se han vuelto una bomba de tiempo, por la escalofriante congestión y la peligrosa mezcla de peligrosos delincuentes con personas que ocasionalmente han incurrido en una infracción legal. Hasta hace poco, en forma absurda teníamos cárcel para indocumentados, cárcel para desempleados, cárcel para colados en el transmilenio y cárcel para todo lo divino y lo humano. Nuestras cárceles solo pueden  alojar a 70.000 cautivos y tenemos 150.000 presos amontonados salvajemente como animales despreciables.

En Colombia, por el exceso de centralismo, el jefe del Ejecutivo se ha convertido en un monarca.

Por no practicar la sabia fórmula de Rafael Núñez: centralización política y descentralización administrativa, hemos concentrado en el poder eje­cutivo multitud de atribuciones administrativas, fiscales, políticas y gubernamentales, con grave daño y perjuicio de las provincias, capitales regionales y municipios. Colombia es por encima de todo una federación de provincias. Por la geografía artística, montañosa y dispersa, decidirlo todo desde la lejana Bogotá resulta catastrófico, antifuncional y negativo.

Son muchos los elementos que caracterizan y diferencian a una región de otra. Son diametralmente distintos los bogotanos, comparados con los costeños; los antioqueños frente a los nariñenses, los llaneros en relación con los huilenses La cadencia en la voz, las costumbres, los platos típicos cambian sustancialmente  de una u otra forma.

Cuando se habla de reformar a la justicia, solo se analizan los temas de la cumbre, olvidando los peligrosos problemas que vive la población en la base.

En temas judiciales en nuestro país el gran olvidado es el pueblo. Basta con decir que un juez, un fiscal, un funcionario que conoce de los conflictos cotidianos y que afectan gravemente al ciudadano del común, siempre son desatendidos por congestión y asfixiante cantidad de procesos en los despachos. Desde hace 20 años no aumentamos la nómina de funcionarios que conocen de los casos que se ventilan en estas oficinas públicas. Un Juez, un fiscal, debe tramitar 300, 500 y hasta un millón de expedientes en un año. Esto quiere decir que en un día tiene que investigar, practicar diligencias, realizar audiencias, oír testigos y dictar sentencias o autos de fondo de muchos expedientes, lo que es absolutamente imposible.

Y la gente puede vivir sin servi­cios públicos, sin hospitales y hasta sin escuelas, vivirá mal pero vivirá. Pero sin justicia no se puede vivir. Si uno no está protegido en su vida, en sus bienes, en su honor, en su actividad permanente, la vida no tiene sentido. Existencia sin seguridad es peor que la vida de los animales.