Me llamó la atención no tanto que Fitch bajara la calificación de inversión, sino las razones que esgrimió para ello en su comunicado de prensa. El principal argumento que adujo es que le parece muy poco drástico el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) al mantener por dos años más un programa de gasto público moderadamente expansivo, como el que se viene practicando.

Poca o ninguna consideración le valió la grave emergencia en que nos ha sumido la pandemia (a Colombia y al resto del mundo), y los exigentes desafíos fiscales que la difícil situación de salud pública ha planteado. Considera Fitch que los déficits proyectados (8,6% del PIB al terminar este año y 7% del PIB para el año entrante) son demasiado laxos; y hubiera querido que desde este año se iniciara un programa de restricción presupuestal más fuerte.

Es el típico razonamiento de estas agencias calificadoras que tan desacreditadas andan por sus erráticos análisis en pasado. Sobre todo, a partir de la crisis de las hipotecas tóxicas del 2008, cuando se equivocaron gravemente al no advertir sobre lo que venía. Lo único que se les ocurre ahora para remediar aquel error garrafal es recomendar, como autómatas y para curarse en salud, recortes al gasto público de los países, al costo que sea y sin mayor sindéresis.

Ni una palabra en su comunicado, por ejemplo, sobre la monumental crisis social que ha sobrevenido por razón del coronavirus con índices de pobreza que superan el 40% de la población; y donde según el Dane uno de cada tres hogares dice no tener ingresos suficientes para adquirir las tres comidas diarias.

Ni una palabra tampoco sobre el interesante razonamiento que trae el MFMP para reinstalar la regla fiscal a partir del 2023 con novedosas mejoras técnicas. Una agencia calificadora se supone que la esencia de lo que dictamina es sobre la capacidad del país para honrar sus compromisos futuros. Y qué mejor garantía para ello que el propósito de volver a la senda de la regla fiscal en dos años, una vez las aguas turbulentas de la emergencia retornen a sus niveles normales.

Mucho más preocupante resulta que el candidato que todas las encuestas colocan a la cabeza de las posibilidades de triunfo el año entrante esté diciendo que punto fundamental de su programa económico es poner al Banco de la República a imprimir dinero para hacerle inmensos créditos al gobierno con el objeto de financiar gasto público a cero intereses.

Afortunadamente esta propuesta de Petro no tiene la menor posibilidad de llevarse a la práctica en la hipótesis de que sea elegido, pues la Constitución del 91 que por estos días está cumpliendo treinta años estableció restricciones a este tipo de créditos que los hace prácticamente imposibles: exige entre otras cosas el voto favorable de todos los directores del banco.

La propuesta de Petro además de equivocada es inoficiosa. Colombia tiene abiertas importantes facilidades de crédito con los bancos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, El BID y la CAF que no exigen certificados de buena conducta fiscal de las agencias calificadoras.

Este es el tipo de propuestas que buscan más alegrar el oído populista en este año preelectoral que formular alternativas con capacidad de ser llevadas a la práctica. Buscan lanzar ofertas envueltas en vistosos festones para entusiasmar a la galería así no se vayan a concretar nunca. La junta del Banco de la República jamás las va a aceptar.

Recordemos cómo las grandes inflaciones del cono sur latinoamericano, comenzando por la Argentina, entraron por el pórtico de los créditos inmoderados que los bancos centrales hicieron a sus gobiernos populistas, frente a los cuales no tenían ninguna independencia

La independencia de los bancos centrales es uno de los grandes avances del constitucionalismo contemporáneo. Y para la buena fortuna de todos los colombianos nuestra Constitución, desde el año 91, entró por esa onda.