Las medidas fuera de lo común del confinamiento por la pandemia, como en toda crisis, en medio de la presión por sortear una muy difícil situación, han generado nuevos métodos, diferentes rutinas y políticas antes no previstas y es de esperar que se conviertan en una conducta en situación de normalidad.
El reto está en poder pasar las acciones tomadas en modo extraordinario al ordinario, pues estas nuevas maneras se han llevado a cabo en una coyuntura de apremio y habría que medir si se pueden sostener, bien por respeto a los derechos o bien por estar fuera de lo tradicional, cuando ya no se tenga la justificación en las razones de una emergencia, en este caso de salud pública.
Hoy, en medio de la pandemia, se reconoce la necesidad de ampliar la responsabilidad social hacia las personas más frágiles por sus condiciones de edad o salud como hacia aquellas con susceptibilidad de caer en una circunstancia de vida menos digna o de empobrecimiento. El tema toca no sólo a los vulnerables visibles sino a los vulnerables ocultos, que por una u otra razón se les veían fortalezas.
La emergencia sanitaria y por ende económica, ha dejado entrever que el mundo en general carece de una información espontánea y fresca sobre el estado y las condiciones de trabajadores, familias y empresas y cuando las circunstancias cambian o las posibilidades de seguir con las mismas capacidades se pierden, por equis circunstancia y llega la posibilidad de empobrecer, el soporte, si lo hay, responde lento.
La cuestión, la respuesta ante la vulnerabilidad económica, se complica más entre mayor sea la informalidad empresarial o laboral. Hoy quienes están más propensos al hambre o a la imposibilidad de pagar las nóminas de sus empresas, tocan las puertas de los bancos o el Estado, con muchos tropiezos, sin la fluidez requerida.
Con la claridad de no irrumpir en el derecho a la intimidad de las personas y las familias, a su buen nombre y al respeto a su información, surge la pregunta de por qué no es, por el contrario, el Estado mismo quien toca a la puerta, con toda la información que cualquier ciudadano o empresa entrega por voluntad propia en distintos y continuos momentos a las instituciones y que se puede organizar.
El gran problema de los datos que maneja el Estado, de individuos y empresas, inherente a su gestión y toma de decisiones, suele ser aislada y se concentra en indicadores y estadísticas que no profundizan en el diagnóstico ni en los riesgos de quienes se ven estables.
Existe toda clase de información pública que se queda en los anaqueles. La información de seguridad social, las declaraciones de impuestos o de cambio de moneda, los reportes de enfermedades e incapacidades, los balances contables anuales, son un corto ejemplo. El Estado no puede enmarcar las necesidades sólo en quienes reciben subsidios, es necesario que compile las condiciones de sostenibilidad de familias y empresas a fin de esclarecer situaciones propensas de cambio y nuevas formas de acción, entendiendo que la almendra de la inteligencia artificial está en la eficiencia de procesar la magna información.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI