Desde hace algún tiempo el país y sus territorios viene rasgándose las vestiduras por los crecientes niveles de inseguridad ciudadana. Ello se ha acrecentado y mezclado con prácticas de vandalismo, terrorismo urbano en sus diversas modalidades y un constante deseo y sistematicidad por deslegitimar a la autoridad.

Esa inseguridad que se manifiesta en atracos callejeros, a establecimientos de comercio y viviendas; homicidios y lesiones. Son el pan de cada día y los mayores problemas que enfrentan tanto autoridades como habitantes del país, que viven atemorizados, amenazados y desprotegidos en sus hogares y fuera de ellos. Se tiene la sensación de que se ha desbordado y salido del control de los entes y organismos competentes para garantizar seguridad y convivencia ciudadanas.

En Colombia, la inseguridad tiene un tinte adicional: uno de los legados del narcotráfico que permeó nuestra sociedad es la idea generalizada de que para el logro de los objetivos que tiene una persona, o simplemente para reivindicar derechos y cobrar a la sociedad el infortunio al que se ve abocado, cualquier acción se justifica, más aún si se percibe que ninguna consecuencia se deriva de esa acción. Parecería que aquellos dedicados a la actividad criminal sintieran que no tienen nada que perder y que entonces la vida, propiedad o salud ajena no valen nada.  La humanidad se ha perdido.

Valores como la solidaridad, orden justo o respeto por el derecho ajeno, son apenas expresiones vacías que están presentes en discursos vehementes de tirios y troyanos, a los que algunos desde sus tarimas y otros con pancartas y gritos enardecidos, apelan sin entender el real significado de ponerlos en práctica.

Destrucción de familias, traumas en menores y en general para las personas afectadas, no constituyen asuntos para reflexionar. Se sacrifica al otro con tal facilidad que produce escalofríos. No hay conciencia del daño social que ello produce y mucho menos de las víctimas van en acrecentando el cáncer y la enfermedad de una población sin horizonte.

El ejemplo para las nuevas generaciones es nefasto. Son pocos quienes aún confían en lograr sus sueños con tiempo y esfuerzo y que imaginan un país mejor; son menos los que reconocen y respetan a la autoridad; sujetarse a las reglas de convivencia no es lo que prima; tan sólo sobrevivir.

Si justicia equivale a revancha, existencia individual a robar el alma, vida y honra de otros, mientras la autoridad aturdida da tumbos sin presentar una hoja de ruta a la que ciudadanos puedan unirse con confianza, difícilmente se estará por la senda del desarrollo.

Expedir normas con sanciones más drásticas, investigar con mayor rigor a los sospechosos, o develar estrategias terroristas, no es suficiente para prevenir y combatir el flagelo si la sociedad no cumple su papel.

Se requiere contar con una ciudadanía activa y comprometida; educada, informada de sus derechos y responsable por sus deberes; que actúe por convicción y en defensa de los principios del Estado Colombiano. Se requiere trabajar por una `ciudadanía de alta intensidad’, solidaria con las autoridades locales liderando bien. Sólo un ciudadano comprometido y solidario, respetuoso de instituciones y autoridades, puede garantizar que las medidas adoptadas por los organismos del Estado sean efectivas contra la inseguridad y no un mero fogonazo reactivo ante las noticias que terminan siendo flor de un día.

@cdangond