La invasión de comunidades indígenas al Parque Nacional en Bogotá, liderada por el pueblo emberá, fue un hecho lamentable que dejó secuelas profundas tanto en el emblemático espacio recreativo como en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para garantizar el orden y la convivencia en la capital.
Esta ocupación, que se prolongó durante largos meses, no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de la frustración y el incumplimiento de promesas gubernamentales hacia estas comunidades. No es mi intención juzgar la legitimidad de las demandas de sectores indígenas, quienes históricamente han sido marginados y vulnerados en sus derechos; sin embargo, lo que no puede justificarse es el daño irreparable que sufrió un espacio público, que pertenece a todos los ciudadanos.
El Parque Nacional, lugar de esparcimiento y recreación, se convirtió en un territorio tomado, con cambuches improvisados que paulatinamente fueron deteriorando el entorno. La situación llegó a tal punto que, al momento de desalojar el lugar, se constató el estado deplorable en que quedaron los predios: mobiliario destruido, prados arrasados y un costo de recuperación que demandará significativos recursos económicos y tiempo.
Este tipo de situaciones no pueden repetirse, imposible permitir que la capital del país, lugar donde convergen intereses y necesidades de diversas comunidades, se vea inmersa en esta clase de conflictos que vulneran el derecho de todos los bogotanos a disfrutar de sus espacios públicos. Es necesario aprender de este incidente y actuar de manera preventiva; el Distrito tiene la responsabilidad de garantizar que existan soluciones adecuadas para las comunidades vulnerables, y eso incluye la creación de albergues con requisitos mínimos de aseo, alojamiento, higiene, alimentación, y recreo. Los refugios actuales, en muchos casos, no reúnen las condiciones necesarias para ofrecer una vida digna a quienes se ven obligados a utilizarlos, lo que aumenta el riesgo de que se repitan situaciones como la toma del parque.
Bogotá, al ser capital de Colombia, por innumerables circunstancias siempre estará expuesta a enfrentar este prototipo de problemáticas, incumplimientos gubernamentales, crisis migratorias, catástrofes naturales, en fin, contextos incalculables, ante los cuales es esencial que se prevean soluciones estructurales. Una propuesta sensata sería habilitar puntos satélites de acogida, capaces de atender situaciones especiales antes de permitir que escalen niveles de conflictos y afecten la población.
La conservación del espacio público es una responsabilidad compartida entre administración y ciudadanía, pero para garantizar que estos espacios se mantengan abiertos y en condiciones óptimas es imperativo el compromiso del Estado destinando recursos y una infraestructura administrativa que permita mantener su disponibilidad, generando soluciones prontas y efectivas. Solo así podremos evitar que episodios como el ocurrido en el Parque Nacional vuelvan a repetirse, protegiendo tanto los derechos de las comunidades vulnerables como los de ciudadanos que disfrutan de estos espacios emblemáticos.