De altos funcionarios del Estado

Por sentencia del Consejo de Estado acaba de caerse el sustento legal para algunas primas que se incluían mes por mes en los ingresos de los congresistas y que con su baja, repercuten en que estos se verán disminuidos en sus ingresos  en más o menos unos siete millones de pesos mensuales. Es decir, ya no se ganarán alrededor de $ 25.000.000 sino que recibirán  unos  $ 18.000.000, antes de descuentos.

Lo anterior repercute en todos los ingresos de los magistrados de las Altas Cortes, pues los magistrados ganan lo que gana un congresista, y también en los de los fiscales y procuradores ante  las  Altas Cortes, pues estos ganan igual que el nivel del funcionario ante el cual ejercen. Igualmente repercute en toda la cadena, pues los magistrados de  Tribunal Superior y los fiscales y procuradores que actúan ante ellos, reciben el 80 por ciento de  los ingresos de los magistrados de Alta Corte y así hacia abajo sucesivamente.

Tan pronto como salió la sentencia del H. Consejo de Estado, comenzó el cabildeo, de frente, ante el Ministerio de Hacienda, por parte de congresistas y altos funcionarios, para exigirle al Estado que solucione la situación que creó la Sentencia comentada, incluso dando fórmulas de cómo regresar al estado inicial de las cosas, sugiriendo que con un simple decreto que convierta en salario las primas caídas, se soslaya el  efecto de la sentencia. Algunos afectados, con tremendo atrevimiento lo declararon así, como una fórmula mágica, ante los medios de comunicación.

Qué desparpajo, como  si las sentencias no fueran para acatarlas, sino para desatenderlas. Lo que se cayó fueron unas primas especiales que no deberían de ir; la solución que pretenden es aumentarse los salarios por encima de todos los parámetros con que se han tratado a los demás funcionarios del  Estado. ¡No faltaba más!.

Cuando se cayeron las pensiones, lo dijimos desde esta misma columna, que si en verdad son razones de equidad lo que se buscaba con la reducción de las pensiones, aun violando los derechos adquiridos, el tema  con que  debía seguirse eran los altos sueldos como los que devengan los magistrados que decidieron el tema argumentando razones de equidad y parece que les llegó la hora, si el Gobierno no se deja atemorizar  por lo encumbrado de los afectados.

Sigue obviamente, que se aplique el mismo rasero a otras pensiones exageradas que aún existen en el país y que la H. Corte Constitucional no se atrevió a tocar. O todos en la cama, o todos en el suelo. No es otra cosa que aplicar el principio de la igualdad.