DEBE SER ESTRUCTURAL

Reforma a la justicia, en veremos

Ha   venido haciendo carrera en los últimos días la idea de que con los temas tratados en la reforma constitucional de equilibrio de poderes, no es necesario abordar una reforma  a la justicia en  el país, y que con aquella quedan por lo pronto,  solucionados  los temas principales que la segunda supone. Nada más equivocado. Es cierto que en la reforma de equilibrio de poderes se incluyen algunos temas, como la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura y ello es necesario, y redundará en un mejor gobierno para la rama judicial; se pretende aumentar la edad de ingreso para los magistrados, también conveniente, a las altas cortes se llega para culminar una carrera, no para buscar un trampolín para acceder a un puesto público o a otra corte; crean el tribunal de aforados, bastante discutible, lo que hay que hacer para evitar impunidad es suprimir el trámite del Congreso tendiente a la declaratoria de indignidad y no crear más tribunales, ni aumentar el número de aforados, por importantes que sean; y se suprimen algunas de la funciones electorales de las altas cortes, bastante conveniente, para frenar su politización, aunque algunos pensamos que el remedio llega tarde.

Pero todo ello sumado no es suficiente, es un mero  paño de agua tibia a los reales problemas que aquejan la administración de justicia, que ha perdido credibilidad frente a la sociedad colombiana. La reforma a la justicia debe ser estructural, involucrando a todos los sectores de la nación, como una política de Estado, que permita conseguir verdaderamente la anhelada paz entre los colombianos. En el plano constitucional hay que repensar la forma  de integrar las a altas cortes, el actual sistema está haciendo agua; se debe garantizar el ingreso de los mejores juristas, con independencia para el ejercicio de su función. La tutela debe mantenerse y fortalecerse, pero no debe continuar el mecanismo de revisión contra decisiones de altas cortes, por parte de otra corte cuyo origen es político, en la medida que la elige el Congreso de la República. Ello está muy bien para el control de exequibilidad de las leyes, pero no para revisar las sentencias de otras cortes, que según la misma Constitución son la máxima autoridad en justicia ordinaria o contenciosa. Hay que repensar la  Fiscalía; ya no debe ser parte de la rama judicial, con el sistema penal acusatorio es momento que quede de una vez en la rama ejecutiva y que el Gobierno se responsabilice políticamente por la aplicación de las políticas criminales que formule. La justicia debe prepararse para el posconflicto, para la transición que se viene, y hay que solucionar las talanqueras que se presenten ante un sistema diseñado para la normalidad institucional.

Una reforma a la justicia que garantice  el acceso de todos los ciudadanos,  el  debido asesoramiento y asistencia por parte del Estado a quien lo requiera, en un país donde existe desigualdad de  oportunidades. Deberá mirar el devenir futuro,  con seguridad jurídica y estabilidad normativa. Y seguramente muchas más cosas, pero hay que abordarlas ya, no puede concebirse una sociedad civilizada y en progreso sin una adecuada administración de justicia. Aplazar la reforma es diferir el futuro.