Dos años de sentencia de La Haya

Hace dos años escuchamos con beneplácito el pronunciamiento del Gobierno Nacional frente a la sentencia de la Corte Internacional de La Haya que, con fundamento en la equidad, nos arrebataba más de setenta y cinco mil kilómetros cuadrados de los mares colombianos en el Caribe, cuya propiedad pertenece a la República desde épocas coloniales, fundamentada en Reales Cédulas que delimitaban las fronteras  de la  Nueva Granada hasta la costa de Mosquitos en Nicaragua, en el sentido  de que: Se respeta la decisión de la Corte Internacional de La Haya, pero es inaplicable.

Consideramos oportuna e inteligente la posición del Gobierno Nacional, pues  se trata de una sentencia absurda, que contradice los principios fundamentales del Derecho Internacional, que  se aparta del marco  del sistema internacional de Justicia al esbozar argumentos con fundamento en la equidad para desconocer los derechos legítimos de Colombia. Cuando Colombia adhirió al tratado acogiéndose a la jurisdicción de la Corte de La Haya, lo hizo bajo el supuesto de que las definiciones de la Corte serían en derecho y no en equidad y que se respetarían los tratados y los derechos legalmente constituidos.

Lamentablemente, lo que se  dijo por el Gobierno colombiano de manera enérgica y sonora, en la práctica no ha tenido la contundencia que debiera, pues constantemente se escucha, que quien patrulla a veces el territorio colombiano objeto del reclamo es Nicaragua y que nuestros pescadores tienen que pedir permiso para ingresar  a la res comunes que les pertenecía y pertenece. En otras palabras, la advertencia gubernamental se quedó en meros dichos y en la práctica,  ya se ha cumplido la espuria sentencia.

Por ello se escuchó con preocupación el mandato presidencial de la semana pasada que ordena a la Cancillería entrar a negociar un tratado con Nicaragua. La pregunta sería, ¿y qué es lo que vamos a negociar? Negociar  la posibilidad de que nuestros raizales puedan entrar a su mar colombiano, es lo que siempre han hecho y eso no sería otra cosa que aplicar la sentencia. Allí el Gobierno se estaría contradiciendo. Lo único que habría que negociar es las consecuencias de la no aplicación del fallo y la posibilidad de buscar una delimitación razonable entre los dos países, simular a la del canje de notas del Tratado Esguerra–Bárcenas, que desconoce la sentencia, es decir al meridiano 82.  

Definitivamente, lo que más llama la atención es el conformismo  que se ha venido imponiendo en Colombia, donde todo parece indicar, que nos dimos al dolor, entendemos por perdido el territorio nacional del que se ocupa la sentencia y el tema ya no ocasiona ni encanto ni atractivo a los colombianos; los dichos del Gobierno en la semana pasada, pasaron prácticamente inadvertidos.