MALA PERCEPCIÓN CIUDADANA

La independencia judicial

UNA  de las grandes conquistas de la humanidad es poder construir un poder judicial independiente, donde los jueces decidan los conflictos humanos basados única y exclusivamente en el derecho, dentro de procesos que garanticen  la defensa y con fundamento en las pruebas allegadas en debida forma.

La independencia del juez no es un derecho de los jueces para sí mismos, sino de las personas, para que el día que se vean abocados a un proceso judicial, ese juez que conoce del asunto actúe en forma independiente, conforme a la ley y sin estar influido por nada ni nadie. 

La justicia en Colombia, en el momento actual, presenta muchos problemas: en su estructura, por su congestión, por falta de acceso y defectos en su composición; pero no creo que su independencia esté afectada por incursiones de los otros poderes sobre ella.

Todos estos factores influyen en la percepción que los ciudadanos tienen sobre ella y en este tiempo es bastante negativa. Flaco favor se le hace a la institución si la convertimos en blanco de la oposición política o la destinamos a pagar los platos rotos de cuanto problema se presente en el país.

Es deber de los dirigentes colombianos crear un ambiente de confianza en los jueces y de respeto por las decisiones judiciales.   Hemos visto en los últimos días un lamentable espectáculo alrededor de un proceso judicial.    El derecho de defensa es sagrado y las personas que se vinculan a las investigaciones criminales tienen derecho a su ejercicio, por todos los medios que las leyes procesales ponen a su disposición.  Lo que no puede hacerse es,  como estrategia de defensa, deslegitimizar la función que cumplen los jueces,  acusándolos de obedecer a fines políticos y no jurídicos.

La postmodernidad trae nuevas y sutiles maneras de socavar la independencia de los jueces y precisamente una de ellas, es descalificarlos y tacharlos de parcializados.  No creo que ningún gobernante de los últimos tiempos pueda jactarse de tener la capacidad de influir en el sistema judicial colombiano, por lo menos no en el que conozco y en el que me correspondió desempeñarme.

Creo que la crisis que acabamos de observar apunta más a deslegitimar la Fiscalía que el poder judicial; el problema es que la gente del común no distingue.  Pero ya va siendo hora de que el país aborde una reforma de fondo a la Fiscalía, que, a partir de la implantación del sistema acusatorio, quedó desubicada en la Constitución.  Ya no debe formar parte de la rama jurisdiccional; quedaría mejor en la ejecutiva, para que se presenten controles y responsabilidades por sus actuaciones y no contagien la imagen de la justicia colombiana.

 Se deberían serenar los ánimos y que el Gobierno y la oposición hagan sus tareas dentro de las estructuras democráticas, sin tener que acudir a blandirse a costa de la legitimidad del poder judicial.