ACUERDOS DE LA HABANA
Justicia transicional en la mira
“Lo mejor sería redireccionarla justicia especial”
Desde que se anunció el acuerdo sobre justicia en la mesa de negociaciones de paz en La Habana, advertimos que, por lo observado en el comunicado y luego ratificado en los acuerdos publicados, no se estaban cumpliendo parámetros mínimos que exigen nuestros compromisos internacionales, como suscriptores de tratados como el de Roma, entre otros acuerdos multilaterales que tienen que ver derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos, ni pueden ser minimizados bajo el pretexto de aplicar modelos de justicia transicional.
Respondiendo una misiva del Fiscal General de la Nación de Colombia, la Fiscal de la Corte Penal Internacional Sra. Fatou Bensouda, el 26 de julio de 2013 señaló al Presidente de la Corte Constitucional que en las reuniones realizadas entre su Despacho y el Gobierno colombiano "durante las cuales las autoridades de su país solicitaron nuestra opinión sobre la compatibilidad del Estatuto de Roma con elementos potenciales de un acuerdo de paz, en particular lo relacionado con la suspensión de penas", ella le ha advertido al Gobierno que la suspensión total de las penas de los máximos responsables equivaldría a un perdón, y que eso iría en contra del Estatuto de Roma. Ello equivale a que si en La Habana el acuerdo consiste en suspender totalmente la pena, la CPI podría intervenir. Ahora lo ratifica el vicefiscal James Stewart de la misma Corporación, señalando la necesidad de castigar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y falsos positivos.
La opinión internacional se ha manifestado prolíficamente; la semana pasada leímos el editorial del periódico norteamericano The New York Times, criticando el acuerdo de justicia transicional por la ligereza con la que a su juicio se habrían pactado algunas condiciones para juzgar y sancionar a los guerrilleros de las Farc. Desde los inicios de las negociaciones, promotores de derechos humanos como José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, ha sido un gran crítico del marco jurídico para la Paz por sancionar solo a los máximos responsables y recientemente del acuerdo sobre justicia por considerar que habrá lugar a impunidad.
Escuchamos la misma línea de pensamiento en el discurso del senador demócrata, Patrick Leahy, quién manifestó sus dudas sobre los acuerdos.
Todo parece indicar que crear una jurisdicción especial, que se encargará de aplicar unas penas mínimas, con restricciones de la libertad, pero sin reclusión, pueden ser tomado a los ojos del mundo como una caricatura a frente a lo que sería en verdad una justicia para los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado y que la idea de una justicia restaurativa no satisface las expectativas que se tienen sobre lo de que debe ser la justicia por encima de los acuerdos del proceso. Si ello es así, y todo parece indicarlo, lo mejor sería redireccionar, antes que sea tarde.