Política grande y unidad nacional
Necesita el país la unidad nacional y respaldar al presidente Juan Manuel Santos, en la posición que adopte, anunciada para los próximos días, frente a la sentencia -inaplicable tal como está- proferida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya de nuevos límites en el mar Caribe, para Colombia y Nicaragua, con base en que el meridiano 82, incluido en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, es apenas línea de aproximación.
Es tiempo de aunar esfuerzos, superar dificultades, aplicar la norma constitucional que otorga al Primer Mandatario la autorización expresa del manejo de las relaciones internacionales, lo cual también se constituye en obligación ineludible. Ha transcurrido un tiempo suficiente de 9 meses para hacerlo y hemos escuchado opiniones diversas, inclusive en el seno de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y conceptos emitidos por expertos, nacionales e internacionales, que han analizado el fallo. Con apego a las reglas del Derecho Internacional, la ONU, la OEA, la propia Corte y desde luego Nicaragua, tienen que ser informados con diafanidad de la decisión colombiana. Con argumentos válidos insisto en que lo conducente es hablar con el presidente Daniel Ortega, no para negociar la sentencia porque ello es imposible, sino en el empeño de delimitar, mediante Tratados, como lo establece la Constitución Colombiana, nuevos límites marítimos.
Así quisiéramos cumplir la sentencia, ella es de imposible ejecución porque parcela el mar y enclava el archipiélago de San Andrés y Providencia. Tal vez a esto se refiere el propio presidente Ortega cuando dice que espera la decisión de Colombia para “implementarla”. Los Estados caribeños -no solo Colombia y Nicaragua- deben actuar con sentido de integración y no con ánimo exaltado, de confrontación destructiva. Urge saber con la extensión de plataforma marítima de Nicaragua qué pasa con el dorso submarino de Jamaica y con los Tratados vigentes de Colombia con ese Estado, con Honduras y ¿los 1.870 kilómetros de mar que pierde Costa Rica? ¿Cómo no precisar mediante Tratados los derechos vitales de los raizales, los de pesca, riquezas, navegación marítima, espacio aéreo, tesoros, conservación del medio ambiente, reserva de biosfera de Sea Flower, lucha contra el narcotráfico, explotación de hidrocarburos y otros de importancia? La sentencia no definió estos aspectos y la Corte de La Haya no tiene capacidad de hacerlo por más recursos de interpretación que interpongamos.
El artículo 101 de la Constitución de Colombia dice expresa e inequívocamente que los límites de Colombia son los establecidos en los Tratados internacionales y los definidos por laudos arbitrales. El segundo parágrafo de la citada norma reza textualmente: “Los limites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de Tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”. Nuestra Constitución está vigente. Un fallo de Tribunal Internacional no puede derogarla, ni reformarla.
Acogeré respetuosamente la decisión del presidente Santos. Ya vendrá el juicio de la historia respecto de equivocaciones cometidas en el manejo de un litigio que no nos correspondía afrontar porque se fundamenta en un acto ilícito internacional. Con su pronunciamiento, eso sí, tiene que indicar de qué manera Colombia procederá a desarrollarlo.
Es la oportunidad de mostrar la fortaleza de las ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Nos ceñimos a principios proclamados por la Carta de la Organización de Naciones Unidas y del Derecho Regional Americano. La consigna: Política Grande y Unidad Nacional.