JAIME PINZÓN LÓPEZ | El Nuevo Siglo
Miércoles, 19 de Febrero de 2014

Bogotá necesita alcalde

 

La situación que vive Bogotá es insostenible y no mejora con tutelas, apelaciones, fallos, ni  elecciones, con un costo presupuestado de treinta y ocho mil millones de pesos, para la revocatoria de Gustavo Petro, a quien no conozco personalmente, pero considero que fue un excelente senador independiente, con exposiciones razonadas sobre problemas nacionales e intervenciones parlamentarias elocuentes.

Sin embargo, como administrador,  sus fallas han sido protuberantes. No es solo el problema con las basuras de hace un año y la compra de camiones chatarra, ni la lenta movilidad vehicular, ni el cambio permanente de funcionarios, ni las observaciones al plan de ordenamiento territorial en entredicho, ni el incremento de la inseguridad, ni los vaivenes en la adopción de controvertibles decisiones, incluyendo las de valorización y “pico y placa”, ni su retórica, ni el desafío a las instituciones, sino el deterioro de la ciudad, lo que lleva a concluir que Bogotá necesita alcalde.

La interinidad, luego de la insubsistencia declarada por el Procurador General de la Nación, aplazada con recursos legales de diversa índole, que dilatan su relevo, empaña más el panorama por cuanto cada día la gobernabilidad disminuye, los discursos se pierden en medio de polémicas referentes a temas divinos y humanos y de las perforaciones para la construcción del túnel que, según los expertos, requiere el metro anunciado con bombos y platillos desde el año 1947, por la administración de la época, al cual nunca  subiré.

Que el pueblo eligió a Gustavo Petro por votación mayoritaria es hecho indiscutible, pero que de esa fecha a hoy  todo ha cambiado, es realidad palpable. Nuestra democracia adolece de fallas porque así existan quienes consideren exagerada, inoportuna o injustificada la decisión de la Procuraduría, el acto produce efectos, aun cuando el burgomaestre siga  en la silla y actúe  para que no se la quiten.

Desde luego, el doctor Petro tiene derecho a defenderse, a manifestar sus argumentos, a objetar las razones por las cuales se le sancionó, pero dicha posición no debe agrandar el hueco en el cual nos encontramos y si lo hiciera alejado del cargo por propia determinación, para los habitantes de la urbe llegaría un rayo de esperanza. Esto no es fácil en una “república aérea” para utilizar la expresión que usó en su tiempo el Libertador, tampoco imposible.

Con respeto, aun cuando se ha impuesto una especie de extraño consenso en referencia a no opinar sobre ciertos temas porque “se daña el proceso de paz” y “se perturba  el de Presidente de la República y Congreso”, creo interpretar a miles de ciudadanos que comparten el criterio de que la capital, con urgencia, necesita un alcalde.