“Chuzadas, otra vez”

“Continua el espionaje en contra de lo dispuesto en la Constitución”

No es una buena noticia que, como lo divulgó ayer la revista Semana, haya regresado la detestable práctica de las interceptaciones ilegales y que ellas hayan tenido por objetivo espiar a los negociadores de la paz, al Comisionado de paz y -otra vez- a políticos de izquierda. Muchos creyeron que las mal denominadas “chuzadas” habían terminado con el período presidencial anterior y con el desaparecido DAS, pero después se dijo -hace poco-  que inclusive la Contraloría General y la Procuraduría las han practicado, y ahora resulta que también el Ejército.

En efecto, el gran escándalo de comienzos de año -ya nos extrañaba que no hubiera estallado alguno en el mes de enero- es precisamente el relacionado con el servicio de espionaje que, según Semana, operaba con el nombre de “Andrómeda” y en un local del barrio Galerías en Bogotá, con apariencia de restaurante, un centro de “hackers” y “chuzadores” encargados de vigilar a quienes, en nombre del Ejecutivo, adelantan las conversaciones con las Farc en La Habana y a varios dirigentes.

De nuevo el espionaje. Al parecer, lo divulgado es apenas “la punta del iceberg”. Se sigue “chuzando” en Colombia, sin ningún respeto por el derecho a la intimidad de las personas, que es fundamental y del cual todos somos titulares, con independencia del papel que desempeñemos en el seno de la sociedad, en el Estado o en la política.

Continúan las interceptaciones ilegales, contra lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos –normas vulneradas con la frecuencia de una costumbre contra legem-, a cuyo tenor se garantiza a todas las personas la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que no pueden ser interceptadas sino por orden judicial expresa, en procesos de esa naturaleza -judicial- y por las razones y causas también expresamente señaladas en la ley.

Como lo entiende cualquiera, ser vocero del Gobierno en un proceso de paz, o ser dirigente político de oposición o con tendencia de izquierda -actividades fundadas en normas constitucionales- no son, ni pueden ser, motivos para que las comunicaciones por cualquier medio sean interceptadas, ni para ser espiado, menos todavía por organismos no judiciales, como el Ejército, y sin orden judicial.

¿Quién montó este operativo ilegal? ¿Por qué y para qué? ¿Qué recursos se han destinado a esta actividad ilícita? ¿Son dineros públicos? ¿Son privados? ¿Lo sabían la cúpula militar, el Ministro de Defensa, el Presidente de la República?

El país quiere explicaciones.