Cirugía a la Justicia
Nadie en Colombia tiene dudas acerca de la necesidad y urgencia de una reforma al actual sistema de administración de justicia, que, para decirlo con franqueza, acusa desde hace tiempo tal cúmulo de falencias que se ha convertido en inviable.
Las preguntas que cabe formular al respecto son:
1) ¿Las reformas constitucionales propuestas y hasta ahora aprobadas sí son las que necesita nuestra justicia para operar de manera que se administre con prontitud y en todo el territorio nacional?
2) ¿Existe una conexidad entre los asuntos hasta ahora tratados en los debates y la solución de los graves problemas que en esta materia afronta la ciudadanía?
Quienes conocen esa realidad de la justicia, y muchos jueces, magistrados, fiscales y abogados en ejercicio consideran que esta es una normatividad proyectada sólo en razón del prurito gubernamental de dejar plasmada su huella en la Carta Política, no importa cuál sea la reforma que finalmente se apruebe.
Hemos presenciado un proceso de enmienda constitucional caracterizado por la improvisación, por los “bandazos” y por la ostensible falta de un hilo conductor o, dicho en otras palabras, porque el Gobierno no ha sabido muy bien, desde el comienzo, lo que quiere modificar.
Por eso, el acuerdo logrado entre el Gobierno y las altas corporaciones de justicia, sobre unos puntos básicos es al respecto muy tranquilizante. No habríamos entendido que se hubiera modificado la normativa fundamental en materia de justicia totalmente de espaldas a los máximos tribunales.
Pero viene ahora el desarrollo de lo convenido, plasmándolo en el texto del Acto Legislativo. Ello corresponde a los ponentes, precisamente cuando el proyecto lleva cinco de los ocho debates y cuando los ajustes de fondo, en aspectos enteramente nuevos, ya no son posibles, pues la Constitución (Art. 375) prohíbe que en la segunda vuelta se introduzcan normas no presentadas durante la primera.
Es necesario, además, que en lo relativo a nuevas instituciones, llamadas a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, se establezca con claridad un régimen de transición. Las entidades que sean creadas tomarán tiempo en organizarse y en comenzar a funcionar.
Y, desde luego, tengamos todos clara conciencia en el sentido de que el Acto Legislativo que se apruebe no será sino una parte, y no la más necesaria, de la gran cirugía que reclama nuestra administración de justicia.