A TRAVÉS de una carta dirigida a la Unidad para las Víctimas, el Distrito denunció el incumplimiento en la reubicación de más de 130 indígenas de la comunidad Emberá, que se encuentran alojadas de forma temporal en albergues de la capital.

“Como distrito, entendimos que, debíamos asumir estos compromisos reconociendo las lecciones aprendidas de procesos anteriores, por esa razón, se asumieron las garantías a la sostenibilidad de 183 familias y a la fecha, hemos acompañado cuatro visitas a territorio con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos”, se lee en la misiva.

Del mismo modo, exigieron al Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, asuma los costos de alojamiento de las familias indígenas durante el tiempo en el que se logra concretar su traslado.

“Hoy consideramos que el proceso se ve amenazado por la incertidumbre y la falta de respuestas respecto al proceso de reubicación de las más de 130 personas alojadas transitoriamente en distintos albergues del distrito. Como es de su conocimiento, el distrito asumió el alojamiento transitorio de esta población con el compromiso de que la reubicación se daría a más tardar el 8 de noviembre. Este compromiso fue incumplido y hasta el momento no hemos recibido comunicación oficial, de cuándo se dará el traslado, por parte de la entidad que usted dirige”, indicaron.

Según asegura la alcaldía, se ha dado a conocer ante la Unidad para las Víctimas que existe una insuficiencia en los recursos para atender a la comunidad y por ello han solicitado que sea el Gobierno quien asuma los costos de permanencia de los más de 130 indígenas, en lo que se concretan los procesos de reubicación.

¿Qué dice la Unidad para las Víctimas?

La entidad indicó que la llegada de la minga del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) a Bogotá, para lograr una interlocución con el Gobierno nacional, es una oportunidad para contribuir a enfrentar los problemas estructurales que impiden generar condiciones de vida digna en sus territorios.

“Las autoridades tradicionales del CRIR han asegurado que los 30 grupos provenientes de 18 resguardos Emberá de Risaralda, que hacen parte de la movilización, se han hecho responsables de su transporte y estadía en Bogotá. La Unidad para las Víctimas se permite aclarar a la opinión pública que ningún rubro de esta entidad fue asignado para el traslado en buses desde Risaralda a la capital o para la consecución de carpas, utensilios, entre otros enseres que componen el campamento. Tales aseveraciones o hipótesis carecen de sustento y son falsas”, aseguraron.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que la entidad solo brinda acompañamiento de transporte y traslado en los procesos de retornos a sus territorios, reubicaciones e integración local, bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad. De igual manera, la asistencia humanitaria se hace efectiva a familias incluidas en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento.

Instalación de PMU

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que con el arribo de aproximadamente 2.000 integrantes de comunidades indígenas Emberá Chami procedentes del departamento de Risaralda, y alrededor de 350 campesinos del Guaviare a la capital, quienes se movilizan con el objetivo de dialogar con el Gobierno nacional sobre problemáticas de sus regiones; la administración distrital, ha implementado el PMU con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta institucional con acciones de prevención a estas comunidades con los equipos de movilidad, salud, Uaesp y los equipos de Diálogo y Convivencia, Asuntos Étnicos, así como de Derechos Humanos.

Esta activación busca tener presencia permanente, identificación de riesgos o vulneraciones a derechos humanos y fortalecimiento del relacionamiento con los voceros presentes en estos dos lugares focalizados.

“Hacemos un llamado de atención por los usuarios de transporte público que se han visto afectados injustificadamente por los bloqueos de la Carrera Séptima. Resulta fundamental que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, provea los recursos necesarios para atender las necesidades de estas comunidades, tanto en términos de su estadía temporal como en la atención estructural a sus demandas”, concluyeron.