Un marco de injusticia
Ya no se trata solamente de los terribles riesgos que estamos asumiendo con la Reforma a la Justicia en la que predominan los favores, la clientela legislativa, el anticipado caos administrativo y la posible impunidad de los delitos de “cuello blanco de la política o las leyes”. Ahora la nueva chambonada de creer que un gobierno es mejor porque saca muchas leyes, es el denominado Marco Jurídico para la Paz.
No aprendimos la lección de los errores del pasado, no logramos entender el valor de que la justicia debe venir con verdad y reparación, y ahora pretendemos echar para atrás y volver a un marco en el que sobresale la impunidad.
De acuerdo en que es necesario el principio de la “priorización” de los delitos, para evitar que los otrora terroristas o subversivos terminen siendo juzgados por delitos menores. Pero no puede aceptarse el criterio de selección, según el cual será el Congreso de la República con una Ley el que defina quienes serán o no juzgados por delitos infames como los que han cometidos guerrilla y paramilitares en los últimos años.
A todas luces este parece un Acto Legislativo no sólo inconstitucional, sino tremendamente inconveniente e inaceptable en un mundo en el que la justicia ya traspasa las fronteras de las naciones. La expresión de José Miguel Vivanco es una muestra de cuán inconveniente puede ser este Marco, que se convierte en un camino perverso para el futuro del país. Todos queremos la paz, pero no al precio de la impunidad de los delitos grandes, o al precio de una negociación de delitos en el Congreso de la República, y menos aún sin reparación.
Sorprende a su vez que pasados cuatro años el Congreso de la República renuncie a legislar sobre lo que logra este “Marco de Injusticia” y que quede en el limbo la descripción de qué se considera un “máximo responsable”. ¿Será este el líder guerrillero, su segundo también, su tercero?
Un Marco que conduzca a la paz no puede simplemente enterrar la verdad, esconder la justicia y hacerse el de la vista gorda respecto del pasado por la incapacidad de gestión del sistema judicial. Así no se logra la paz, sino por el contrario se ahonda en la violencia y se profundizan los sentimientos que tienen todos los colombianos que han sufrido con el terrorismo de los delincuentes.
Tristemente en el Congreso de “Unidad”, el Marco de Impunidad pasará pues superada la Cámara, el Senado está arrodillado a aprobar este engendro de una paz falsa.
De postre.No podemos permitir que unos miembros de las Comunidades Indígenas en Colombia se conviertan en defensores de quienes han sido condenados por la Justicia. Bienvenido el respeto a las minorías, pero siempre y cuando ellas no atenten contra la justicia y contra los deberes en la sociedad. Rojas Birry debe ser detenido y las autoridades deben ejercer su condición y capturarlo, independientemente de quien se interponga en el camino.