Política pública responsable

Para nadie es un secreto que los nuevos vientos del mundo hablan de cambios sustanciales en la forma como se hace y se ejecuta la política pública. La complejidad de las sociedades, el rápido acceso a la información, la confluencia de actores diversos, el impacto, y las realidades de los posibles efectos fiscales, entre muchos otros temas, hablan de algo distinto.

Ahora se hace necesario debatir y reflexionar cuidadosamente sobre políticas y sus impactos, de cara a que aquellas puedan ser letra muerta, incentivos perversos, o profundas equivocaciones. Para no ir muy lejos y como ejemplo de lo anterior, están el nuevo Estatuto Anticorrupción (que en el mediano plazo puede ser un incentivo perverso para que gente valiosa decida apostarse por el sector público, dado el abuso en el diseño de la norma respecto de opciones posteriores al ejercicio como servidor público), el Marco Jurídico para la Paz (respecto del cual nadie sabe sus efectos de largo plazo y que puede ser incentivo a que el terrorista nunca abandone o demore la salida de su actividad delictiva), las leyes de Tierras y Víctimas (que hasta hoy no sabemos si seremos capaces de financiarlas y de ponerlas realmente en operación), o la nueva Reforma a la Justicia (que nos deja ver una Reforma hecha, para darle gusto a todo el mundo con concesiones y generosidades,  y no para realmente avanzar en una de las peores debilidades institucionales de este país).

Al gusto de muchos, estamos viviendo un fenómeno de “inflación de leyes y decretos” con un profundo problema de “deflación de debate, reflexión y estudio”, que hace que por el Congreso de la República rueden peligrosos articulados para el futuro de este país, que se aprueban a un desenfrenado ritmo de unas mayorías deformes ideológicamente, poco estudiosas y fácilmente manejables.

 Para no ir más lejos, sorprendió a todos la denominada “Ley de Atención Integral a Drogadictos”. Un proyecto de ley que se recubre con  el ropaje con el cual se cubre esa horda de proyectos de ley: temas que la sociedad reconoce que son un problema, los sufre y cree que deben ser abordados y solucionados (servicios públicos, limpieza en las actuaciones públicas, programas sociales, etc.). El problema es que pocos se sientan realmente a estudiar si son adecuadas las soluciones, y para sorpresa de muchos inquieta que los mismos congresistas desconozcan sus posibles impactos. Fue preocupante que el mismo ponente de este proyecto de ley ignore la forma de financiación, sus costos, las estadísticas confiables que den lugar al estudio de su impacto, la carga fiscal del mismo; y peor aún que recomiende que el Gobierno responsablemente no objete la ley.

Todos quisiéramos vivir en Dinamarca, pero en Cundinamarca debemos ser tan o más cuidadosos para aprobar tanto proyecto de ley que mañana no seremos capaces de operar, financiar y sobre los cuales no sabemos de antemano sus posibles impactos.

Amigos del ejecutivo y legislativo: ¡pilas con tanta ley hecha a la carrera!