Los cotos de caza políticos
 

Lo  que viene sucediendo durante los últimos meses en las entidades claves del sector agropecuario es inaudito: la politiquería más ramplona se apoderó de ellas y, lo que es más triste, quienes tenían el deber de tutelar su buena marcha administrativa y  técnica no han hecho nada para impedirlo.
En estos últimos días hemos sabido de los bochornosos acontecimientos que tuvieron lugar en el ICA. Aprovechando la ausencia de su director titular, el encargado -ficha política según se ha sabido del senador al cual se le entregó esta estratégica entidad como su coto cerrado de caza política- destituyó abruptamente a los funcionarios técnicos de más alto nivel, cambió el manual de funciones, y procedió a nombrar un exalcalde de un pueblo del Atlántico que no tiene ni veniales de las cruciales tareas que incumben a  ese puesto. Que son nada menos que orientar toda la política sanitaria, animal y vegetal, y  negociar protocolos fitosanitarios con los países con los cuales hemos firmado acuerdos,TLC, para que Colombia pueda exportar a dichos mercados.Tarea  delicadísima y altamente técnica, para que la apertura comercial se torne en provecho del país y no en su contra.
A nada de esto se le hizo caso. Entraron  a desmantelar el equipo técnico del ICA con ligereza pasmosa. Cuando enfrentemos en el futuro dificultades para exportar productos vegetales o lácteos o cárnicos hacia los mercados con los que hemos celebrado acuerdos de libre comercio, ya sabemos entonces dónde se origina el problema.
Por los lados del Incoder las cosas no van mejor. Pidieron la renuncia de todo el personal directivo experimentado y comprometido con las políticas agrarias, con el argumento de que había que abrir espacios a los recomendados de otro senador al que se le entregó también, como coto de caza burocrática, esta entidad.
Resultado: parálisis total. Fundamentales responsabilidades del Incoder, entre otras, la de ser el gran impulsor de los procesos agrarios para recuperar más de un millón de hectáreas de baldíos apropiados ilegítimamente por avivatos de todos los pelambres: olvidadas. Mil setecientos procesos agrarios que se habían puesto en marcha, con gran esfuerzo, orientados a recuperar para el Estado baldíos indebidamente adjudicados o abusivamente acaparados, volvieron a los sótanos de la indiferencia burocrática a hacer la siesta de la prescripción.
Éste, que es uno de los puntos cruciales del acuerdo número uno suscrito en la mesa de negociación de La Habana se ha estropeado con la politiquería que hoy campea en Incoder. Si se firma la paz, y ojalá allá lleguemos, será indispensable sacar al Instituto nacional del desarrollo rural de la modorra burocrática en la que ha caído durante el último año.
En el Banagrario tampoco han andado mejor las cosas. Ya el Gobierno tuvo que pedirle la renuncia al presidente de esta entidad, crucial para el desarrollo rural del país, ante la evidencia de préstamos de favor a parientes del otro senador al que se le había entregado también como coto de caza esta entidad.
Ojalá que el gobierno Santos II que se inaugura este 7 de agosto rectifique este rumbo clientelar, opaco y malsano que se ha apoderado de tan cruciales entidades del sector agrario. De ello depende que las políticas agrarias a las que tanto compromiso se les puso durante los primeros tres años de la primera administración del presidente Santos retomen el vuelo que merecen.
La única entidad que se ha logrado preservar de la malsana politiquería ha sido la Unidad de restitución de tierras. Menos mal. De no haber sido así habría terminado como la malhadada Dirección Nacional de Estupefacientes, pues no faltaron políticos que en su apetito burocrático inagotable quisieron también  que se les asignara nada menos que la restitución de tierras como su coto cerrado de caza política.
Los cotos de caza, adjudicados a políticos, deben ser proscritos tajantemente como primera condición en el propósito de recuperar la  eficiencia y la transparencia de la administración pública colombiana.