En procedimientos realizados durante la madrugada en Cundinamarca, fueron capturados el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Luis Carlos Barreto Gantiva; el exasesor de Dirección de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo; y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, como parte de las investigaciones por los hechos de corrupción detectados al interior de la entidad.
En las próximas horas, serán trasladados a Bogotá, y la Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos de captura y el desarrollo de las audiencias concentradas.
Como se sabe Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Andrés Rodríguez Melo fueron mencionados en la matriz de colaboración que entregó el exsubdirector de Ungrd, Sneyder Pinilla.
El pasado 31 de agosto, unto a Pinilla, un juez impuso al exdirector de la Ungrd Olmedo López y el contratista Luis Eduardo López Rosero; medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se cumplirá en establecimientos militares para asegurar la vida de los procesados.
La decisión resaltó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la UNGRD para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.
Por estos hechos, los tres investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Cargos que no fueron aceptados en su momento.
Las evidencias y elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos.
Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación, que ascendían a 228.884 millones de pesos.