CUANDO TODAVÍA no se han resuelto los problemas que se han presentado por los cobros en los peajes y en los retrasos en obras de infraestructura, la ministra de Transporte, María Constanza García, reveló que en marzo de 2025 se comenzaría a cobrar el impuesto por valorización de obras en Colombia, y confirmó que la primera vía con cobro de valorización sería Cartagena - Barranquilla.

Con ello, el gobierno de Gustavo Petro buscará no $18 billones como se anunció inicialmente, sino $20 billones con la nueva valorización que se cobrará en predios cercanos a grandes obras de infraestructura.

De hecho, desde que llegó a la Casa de Nariño, el actual presidente ha señalado que esta iniciativa se aplicaría en el país, con el fin de capturar el valor que han ganado los predios con los megaproyectos de cuarta generación (4G).

Según lo anunciado, la nueva valorización comenzaría en el Caribe, Antioquia y Eje Cafetero. Sostiene García, que estas serían las regiones clave donde se cobraría la contribución adicional, aunque dejó claro que no les aplicaría a todos los dueños de predios.

Ante la complejidad de lograr recursos para financiar obras de gran envergadura en el país, el gobierno tuvo que terminar de forma anticipada el contrato de la concesión de Autopistas del Caribe, debido al no cobro de peajes en Turbaco y Arroyo de Piedra.

Revuelo

El anuncio ha causado revuelo entre diversos sectores de Atlántico y Bolívar teniendo en cuenta que los usuarios pagan, además tres de los peajes más costosos en ese tramo incluyendo Papiros, a la altura de Puerto Colombia.

Con base a la resolución 729 del 26 de mayo de 2023, deberá ser pagado por los propietarios de los predios en Cartagena, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo.

En declaraciones recientes a EL NUEVO SIGLO, el analista consultor en infraestructura, José Alberto Marín explicó que el tema del cobro de valorización podría funcionar a futuro, y solo si se trata como una fuente alterna, pero que aun así tomaría años, porque se trata de un proceso complejo. “Incluye la actualización catastral, la gestión con los predios, el área de influencia, más el cobro y recaudo, por lo tanto, esa fuente de pago no va a estar disponible en el corto plazo”, dijo.

“El tema de los peajes seguirá siendo fuente principal de recaudo con las vigencias futuras que apropie el Gobierno alrededor de cada proyecto”, agregó.

En cuanto a las concesiones, Marín aseguró que la ejecución de contratos como el programa de las carreteras 4G que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tienen un avance significativo de 70%.

“Dificultades se han manifestado en la ejecución de los contratos, naturalmente son proyectos complejos que presentan siempre algún tipo de dificultad en mayor o menor grado”, además, indicó que una de las principales dificultades que presentan estos proyectos es el licenciamiento ambiental que incluye la gestión con las comunidades.

Advirtió que este tema siempre ha sido una barrera, “para poder ejecutar rápidamente los proyectos, a pesar de que en los últimos años ha permitido mejorar estas gestiones. El hecho de que tengan dificultades contractuales no puede entenderse de que las obras no se estén ejecutando”.

El menor esfuerzo

Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amyilkar Acosta, compartió a este Diario, que “en respuesta a la férrea oposición al pago de peajes en algunas tramos carreteables, como el del Papiros situado en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, en el Municipio de Puerto Colombia y en la Vía alterna de la Cordialidad entre Barranquilla y Cartagena, a la altura de Turbaco, ambos proyectos diseñados y ejecutados bajo la modalidad de concesiones, el Gobierno optó por la línea del menor esfuerzo y fue dejar de cobrar el valor de los peajes, lo cual le ha significado una deuda que debe cubrir la Nación con cargo al Presupuesto general de la Nación para pagarle a los concesionarios, suma que ya frisa el billón de pesos”.

Acosta indicó que “se plantea cobrar 2% del valor comercial de los predios urbanos y 3% de los predios ocupados por viviendas campestres. Muchos han sido los reparos contra esta medida y crece la protesta y la oposición a esta medida, entre otras razones porque en el caso de la Vía al Mar de doble calzada, además de que se trata de un cobro retroactivo, la obra está inconclusa, aún faltan por construir 6 kilómetros. Se alega también que no todos los propietarios tienen la misma capacidad de pago para asumir este gravamen”.

El exministro consideró que: “En mi concepto, si bien se justifica que la valorización de los predios a los que da lugar la ejecución de una obra pública conlleve una contraprestación por parte de los propietarios de los predios, ello debería estar reglado y regulado previamente y no a posteriori. Debería existir un Estatuto de Valorización en el que se establezcan las reglas del juego y así los propietarios puedan saber a qué atenerse. Además, me temo que, como lo anunció el entonces ministro de Transporte, previo a la imposición de la contribución de valorización y para tasarla, se hará una revisión que dará lugar a un reavalúo catastral y ello terminará por incrementar de paso lo que tendrá que pagar el propietario objeto de esta medida por concepto de impuesto predial. Recibirá, entonces, el resignado propietario dos golpes que van directamente a sus bolsillos”.

Del mismo modo, ante esa situación dijo que “amerita la intervención del Congreso y de los congresistas, para evitar abusos y atropellos en la implementación de la contribución de la valorización. Además, me parece que no se debe descartar el cobro de peajes en las concesiones viales, dado el éxito que ha mostrado y demostrado esta modalidad durante tantos años, tanto más en la medida en que quien paga la obra ejecutada es quien trafica por ella y hace uso de la misma. Huelga decir que cuando un proyecto se espera financiar mediante el cobro de valorización y no del cobro de peaje o viceversa ello debe quedar establecido desde la formulación y estructuración del proyecto y no después de adjudicada su ejecución”.

Antitécnico e ilegal

Cabe destacar que 150.000 predios estarán exentos de este tributo, especialmente aquellos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, así como las unidades agrícolas familiares y los incluidos en el Sisbén A y B.

En su cuenta de X, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, expresó una “insatisfacción absoluta” respecto a este cobro, calificándolo de “ilegal” y criticando la falta de un “proceso de concertación con las comunidades de Atlántico y Bolívar”.

Cepeda calificó el proyecto como “antitécnico, antijurídico e injustificado”, argumentando que “más del 65% de la vía no es de doble calzada”, lo que, según él, viola el principio constitucional de no retroactividad en materia tributaria.

Al mismo tiempo, se conoció que el senador Mauricio Gómez Amín anunció que interpondrá una demanda para frenar este cobro.

Por su parte, el senador Carlos Meisel expresó su desacuerdo afirmando que el inicio de los cobros en marzo no representa ningún alivio, y que el proyecto sigue siendo “totalmente nocivo” y muestra un “desconocimiento profundo de nuestras regiones y territorios”. Meisel reiteró su compromiso de continuar con la acción popular que ha iniciado para detener la implementación de este impuesto.

¿Por qué los $20 billones?

Sobre por qué ahora son $20 billones lo que requiere el Gobierno, la ministra de Transporte sostuvo que “se debe consultar si realmente hay beneficios y se debe comprobar, además, que haya capacidad de pago en la zona. A lo largo de este proceso se han identificado los predios 248.000 predios a los cuales hicimos una actualización del catastro comercial, y muchos de ellos están o exentos o excluidos del pago”.

De acuerdo con García, las inversiones de las vías 4G por $63 billones, lo cual le permite al Ejecutivo “identificar que podemos estar cobrando cerca de $20 billones en valorización, que va a permitir reinvertirlos en infraestructura”. Estos recursos irán a un fondo especial que permite financiar otros proyectos de infraestructura, tanto en las mismas regiones donde se cobra como en otras donde no existe este potencial de pago.