El presidente Gustavo Petro le pidió al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, renegociar el artículo del Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos y Europa, en el que se impide que conflictos sean resueltos por la justicia del país.
"¿Por qué nosotros no tenemos la soberanía de exigir qué si hay conflictos sea bajo la justicia colombiana o bajo la justicia latinoamericana de litigios y nos vamos a poner en la boca del lobo de la justicia del socio? Y operó la justicia del lobo", afirmó el jefe de Estado, refiriéndose a la demanda interpuesta por Telefónica en contra de Colombia, en la cual se determinó que el país deberá pagar 380 millones de dólares.
Bajo dicho argumento, el presidente Gustavo Petro le pidió a Luis Carlos Reyes iniciar negociaciones con Estados Unidos y Europa para dicho artículo, categorizándolo como "lesivo para la soberanía nacional".
"No es la justicia del socio, es la justicia del país la que se privilegia, así no le guste al señor Vargas Lleras", enfatizó el mandatario.
Colombia pedirá anular millonario arbitraje a favor de Telefónica
El gobierno anunció este jueves que pedirá la anulación de un laudo arbitral internacional que le ordenó pagar casi 380 millones de dólares más intereses a la compañía española de telecomunicaciones Telefónica.
"Se puede pedir la anulación" de la decisión "de hecho, la vamos a pedir. Tenemos 120 días para utilizar ese recurso", dijo el ministro de Tecnología, Información y Telecomunicaciones, Mauricio Lizcano, a Blu Radio.
El miércoles Telefónica anunció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón en un pleito por el uso de infraestructuras públicas de telecomunicaciones durante el despliegue de su red de telefonía móvil en Colombia desde 1994.
Según Lizcano, la compañía española firmó en 1994 un acuerdo para operar en el país con la condición de "devolver la infraestructura" utilizada para prestar sus servicios al finalizar la concesión.
Telefónica se negó a entregar los equipos y en julio de 2017 un tribunal administrativo colombiano la condenó a pagar 380 millones de dólares por el uso de infraestructuras públicas.
En su reciente decisión, el CIADI, adscrito al Banco Mundial, consideró "que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo" a la compañía española.
Como consecuencia de ello, el Estado deberá pagar 380 millones de dólares a Telefónica, abonar el 5% de esa cantidad en intereses y sufragar los gastos jurídicos a los que tuvo que hacer frente la empresa.
Lizcano estimó que el pago total ronda los 500 millones de dólares. Apenas un 5% de los pedidos de anulación ante el CIADI han prosperado, según datos oficiales.
El grupo de telecomunicaciones Claro, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, fue objeto de una condena similar en Colombia en 2017.
"Tenemos que dar el debate (sobre el arbitraje) hasta el final porque esto sentaría un mal precedente para Colombia", advirtió el ministro.