Emilio Tapia, empresario cordobés conocido por su involucramiento en el ‘carrusel de la contratación’, asumió su responsabilidad por los delitos de corrupción cometidos en el marco del contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, relacionado con el desvío de recursos destinados a llevar Internet a 7.000 escuelas rurales del país.
A través de un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación el hombre se compromete a devolver 5.000 millones de pesos, de los cuales ya ha reintegrado la mitad.
El caso comenzó cuando Tapia, al frente de la Unión Temporal, falsificó documentos para obtener un contrato millonario destinado a la compra de equipos tecnológicos para mejorar la conectividad en zonas rurales. Pese a no contar con los recursos ni la capacidad para cumplir con el contrato, la Unión Temporal fue beneficiada con un anticipo de 70.000 millones de pesos, de los cuales Tapia se quedó con una parte sustancial.
"Sí, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado, que los delitos se cometen por acción y por omisión", aseguró Tapia durante la audiencia, reconociendo los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la restitución de los recursos, el preacuerdo con la Fiscalía incluye una condena de seis años y tres meses de prisión.
El empresario también deberá cumplir con un acto de excusas públicas, y está impedido de ocupar cargos públicos durante su condena. Además, el acuerdo incluye una multa de 4.700 millones de pesos.
A pesar de su compromiso con la justicia, Tapia sigue siendo un personaje polémico debido a su historial de corrupción, especialmente por su implicación en el carrusel de contratación de Bogotá. En este nuevo capítulo de su carrera, ha quedado claro que su accionar no solo comprometió los recursos del Estado, sino que también afectó el desarrollo de importantes proyectos sociales. La Fiscalía ha indicado que Tapia continuará colaborando como testigo en el caso y ha asegurado que su arrepentimiento ayudará a esclarecer la participación de otros involucrados en el fraude.
El próximo 18 de diciembre, un juez deberá confirmar si avala el preacuerdo entre Tapia y la Fiscalía, lo que determinará el futuro legal del empresario en relación con uno de los mayores escándalos de corrupción en el país en los últimos años.