Apoyemos al Presidente
LAS TRAICIONES DE LA CANCILLER
Arrieta y Cepeda montaron a Colombia en la aventura suicida
Compungido, acaba de decirlo el presidente Santos: el retiro de la jurisdicción de la CIJ ha debido ocurrir hace tiempo. Tenga la certeza el jefe del Estado que lo rodeamos entusiastas en su decisión, así sea gravemente tardía.
Quienes merecen la censura vehemente de todas las fuerzas nacionales son la canciller María Ángela Holguín y los agentes Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda. Aporto al país, sólo para iniciar el debate, cuatro datos de gravedad inmensa:
1. A los eminentes colegas franceses Serge Sur y Carlo Santulli, profesores de la Universidad de París/Pantheón-Assas se les solicitó el concepto inicial tras el fallo de noviembre 19 de 2012. Su consejo fue contundente, contenido dentro de articulación jurídica impecable: retiro inmediato de la CIJ. Lo discutió con quien esto escribe en la sede de la Embajada de Colombia en París la primera semana de enero de 2013. La canciller -no abogada internacionalista- se limitó a expresar, en su jerga impropia y descuidada que ya le conoce bien el país, que “eso para qué”. Sur y Santulli debieron repetir despaciosamente su francés una y otra vez para que la señora canciller pudiera entender. Presenció la reunión el entonces embajador Gustavo Adolfo Carvajal.
2. Contratada la firma londinense Volterra Fietta, especializada en derecho internacional público -despacho que en la actualidad cuenta con cerca de 80 especialistas- y nos damos el orgullo, quienes tenemos vinculación con ella, de no haber perdido un solo caso en tribunales internacionales. Su presidente, el colega Robert Volterra, de nacionalidad canadiense y con afectos hondos por Colombia, nacidos en su matrimonio con compatriota nuestra, recomendó evaluar de inmediato el retiro inmediato. La canciller afirmó que le parecía “de quinta”, en uso otra vez de sus giros ausentes de profesionalismo. El doctor Volterra no estaba interesado en prolongar el caso durante años con el interés recóndito de facturar millonariamente, como sí les ocurre codiciosamente a otros. Sólo tenía en mente proteger nuestros intereses.
3. Para cubrirse baja y mezquinamente como es su costumbre, Holguín le miente despiadadamente a su jefe y al país. Afirma que la Convención del Mar de 1982 no es obligatoria para Colombia porque nunca la ha afirmado. O llegó al extremo de su incompetente ignorancia o es mentirosa enfermiza: el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó el 9 de junio de 2014, en el vigésimo segundo aniversario de Convemar que se trata del “más significativo y visionario instrumento del siglo XX y refleja derecho internacional consuetudinario”. Era y es obligatoria y pese a esto Holguín, Arrieta y Cepeda embarcaron al país y su Presidente en la aventura maligna.
4. Más grave aún es que así piensa hace 30 años uno de los abogados por ella contratados, el italiano Tullio Treves, exjuez del Tribunal Internacional del Mar y, así, uno de los tres principales abanderados globales de su naturaleza obligatoria general [mirar T. Treves, La limite extérieure du plauteau continental: Évolution récente de la practique, Annuaire Francaise de Droit International, XXXV, 1989]. Treves ha recorrido el mundo y defendido la tesis consuetudinaria hoy en firme. Falta total de ética de este colega haber aceptado un mandato que lo obligaba a contradecir sus tesis. Sé bien que este hecho repugnó a la CIJ. Y atropello moral contra la Patria y los altos intereses del país de la canciller y los agentes haberlo contratado. El presidente Santos tiene razón en experimentar desengaño.
5. Y lo suicida: la admisión colombiana de que Nicaragua tiene derecho latente sobre la plataforma continental extendida. Así se lee con horror patriótico en la memoria presentada.
Estas son las traiciones de Holguín, hoy defendida por la ilustre columnista de El Tiempo, dichosamente instalada en el mundo de hace 40 años, para quien Convemar no es obligatoria. ¡En su perversidad, perdónalas Señor!