De personajes tenebrosos
La presencia de Fernando Carrillo, con sus excelentes capacidades profesionales, como director de una agencia gubernamental que defienda los intereses estatales de cara a multitud de demandas, no debe ser vista como una coordinación escueta de un equipo de abogados. Hay algo más que debe entender el Gobierno. El Estado no puede vivir a la expectativa de quienes lo demandan desde fuera sino alerta a quienes lo socavan por dentro: funcionarios ladrones que se han dado a la tarea de comprometer financieramente recursos estatales en conciliaciones millonarias. La nueva agencia debería tener la potestad reglamentaria de conocer y dar concepto sobre todas las conciliaciones (de los órdenes nacional, departamental y municipal) para poner fin a un desangre que indigna a la opinión. En varios países se debate hoy la profundización de esquemas indemnizatorios de los que poco se habla entre nosotros: los que castigan a funcionarios venales que deben resarcir al Estado por sus faltas y delitos.
Un ejemplo lo brinda el caso del exdirector de Invías, Mauricio Ramírez Koppel. Aquí no cabe invocar desusadas solidaridades partidistas para guardar silencio. La Contralora General de la República anunció la semana pasada imputación de cargos contra este individuo y otros 5 exfuncionarios, entre ellos Vladimir Fernández, mano derecha de Ramírez. La Unidad Especial Anticorrupción fue asignada para conocer el caso.
En entrevista a El Colombiano (diciembre 19, 2011), el ex ministro Gustavo Canal Mora, hombre probo, llamó la atención una vez más acerca de las conciliaciones llevadas a cabo por “Mauricio Ramírez con una serie de personajes tenebrosos como es el caso de Vladimir Fernández”. Un tipo de hoja de vida horrible, agrega Canal Mora, como la generalidad de conmilitones que ha tenido Ramírez en sus gestiones públicas. Cambio (noviembre 7, 2008) cita el caso de Ramírez al lado del de Jorge Noguera entre los más protuberantes de corrupción durante la administración Uribe. Era un secreto a voces la irregularidad sistémica que presidió la gestión de este señor: contratos multimillonarios denunciados por varios medios, entre otros uno en que resultó favorecido el cónyuge de la secretaria privada de Ramírez.
En medio de la atmósfera densa de escándalos que sacudió el final de la administración Uribe este caso agotó la paciencia del propio Jefe de Estado quien ordenó al ministro de Transporte el retiro inmediato de la cabeza de Invías, algún tiempo después de quedar públicamente sorprendido el Presidente por la ignorancia burda e incompetencia gerencial del subordinado.
Hoy Ramírez disfruta de exilio dorado en Nueva York. Se desplaza, según se dice, en avión privado, en periplo continuo entre residencias varias y sucesión interminable de pasatiempos, entre ellos pesca marina y colección de armas. Dolce vita cuyo asiento financiero está en mora de explicar: ¿herencias, legados, producto del trabajo tesonero como ingeniero civil, loterías, rifas, premios, donaciones, matrimonios oportunos? Como lo ha hecho la Contraloría, tanto Procuraduría como Fiscalía deben actuar ya, investigando en todas sus ramificaciones este caso que irrita y ofende no sólo al país sino a quienes aprendimos a ver al conservatismo como seno de mujeres y hombres íntegros.
Mientras estos procesos se incoan y adelantan, deben estimularse mecanismos procedimentales más ágiles tendientes a proteger los intereses y activos del Estado. La nueva agencia dirigida por Fernando Carrillo tiene que ser instancia de enlace expedito entre diversos entes: Procuraduría, Contraloría, Fiscalía para que la información fluya con rapidez y resarcimiento y sanciones penales lleguen. Es lo que demanda la sociedad.