El golpe del Congreso
A la consagración institucional de la impunidad, los golpes a la Corte Suprema de Justicia y la designación de un funcionario oscuro que sirviera los intereses de la corrupción, se adicionan la falta de vergüenza de quien ostenta la doble condición de jefe de un partido histórico y presidente de una de las cámaras legislativas y, durante el fin de semana, el oportunismo de quienes buscan la convocatoria de una asamblea constituyente.
El daño está hecho. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, advirtió la semana pasada acerca de la desaceleración del ritmo de crecimiento. La inversión extranjera directa sigue atada a la industria del petróleo, cuyos precios vienen en descenso. Y la alta hora global colombiana que debería traducirse en flujos de capital que diversificaran la economía puede sufrir parálisis irrecuperable en el corto y mediano plazos.
Pocas horas después del golpe, como lo experimentamos quienes por razón de nuestra profesión gravitamos en práctica internacional, los canales de comunicación se agitaron y las preguntas empezaron a ser despachadas con estupefacción: ¿El Congreso colombiano conspira para sacar de las cárceles a delincuentes presuntos? ¿Los congresistas desarticulan a escondidas el Estado de Derecho e instituyen patente de corso institucional para delinquir? ¿Los legisladores asestan un golpe de muerte a la Corte Suprema de Justicia? ¿El presidente de la Cámara baja y director del Partido Liberal -con cinismo y desfachatez asombrosos- dice que vota afirmativamente una reforma constitucional que palmo a palmo desconoce?
Las decisiones de inversión están subordinadas hoy a una diligencia debida y estudio de riesgo crecientemente rigurosos. Se trata de la aplicación de inteligencia multifactorial que incorpora indicadores exactamente ponderados. Nada se deja al azar.
Factor principal es the rule of law, el gobierno de la ley, principio que tiene algo más trascendental que su perfil retórico. La preservación, protección y defensa de los derechos así como la estabilidad de las instituciones de justicia es elemento esencial dentro de los procesos decisorios corporativos. Su evaluación cuantitativa se origina en cerca de 8 indicadores y 60 sub-indicadores. Indicadores principales son la existencia de poderes limitados, ausencia de corrupción, orden y seguridad, preservación de derechos fundamentales, gobierno abierto, aplicación regulatoria efectiva, justicia civil eficiente y justicia criminal eficiente.
El análisis preliminar de la conciliación cuestionada lleva a concluir que se violaron todos los indicadores de la herramienta denominada gobierno de la ley. La responsabilidad, transparencia y contenido ético de los procesos legislativos en Colombia no quedaron sólo en entredicho. Colapsaron y prueba fehaciente de ello es la renuncia irrevocable del ministro de Justicia.
Se ha originado el más grave vacío institucional que conozca Colombia desde los golpes de fusil y mano de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Dentro de los problemas incontables, ninguna rama del poder público (ejecutiva, legislativa o judicial) se atrevió a pervertir en forma grave sus atribuciones hasta el punto de dar rango constitucional a la impunidad y atacar las potestades legítimas de otros poderes.
¿Asamblea Constituyente? Se expandiría el círculo de la crisis institucional. Golpe en el corazón a la confianza inversionista que desvela con razón a muchos. Al agujero negro en las instituciones sólo puede responder integralmente el liderazgo pronto y efectivo del Presidente de la República. Como se hizo en 1957 con el nacimiento del Frente Nacional, los colombianos tienen que ser tenidos en cuenta. No hay lugar a algo distinto. El Gobierno debe alistar el proyecto de reforma a la justicia y someterlo a su consideración. Sólo así se pondrá fin al vacío institucional.