“El derecho y la equidad son incompatibles”

UN CONVENIO DE PROTECCIÓN

Hostilidad nicaragüense

En  la aflictiva historia de los últimos tiempos con Nicaragua, por cuenta del fallo de la Corte de Justicia de La Haya sobre los límites en el archipiélago de San Andrés, el anuncio de que se procederá a entablar un convenio de protección a los raízales ha pasado prácticamente inadvertido. Es posible que desde el punto de vista estrictamente procesal, aceptada en su momento por Colombia la jurisdicción de la Corte, sea aquello lo mínimo para siquiera llegar a pensar en levantar, algún día, la inaplicabilidad de la sentencia que en estos días cumplió dos años.

Porque, en efecto, sigue siendo insostenible que se asista a un Tribunal, cualquiera sea, para que falle en derecho, siguiendo los cánones constituidos y redundando en pruebas de toda índole, pero aquel se le ocurra intempestivamente fallar, no con base en ley ni fundamentado en el acervo probatorio, sino dizque en equidad, que es una jurisdicción por completo inexistente, fruto de eventuales doctrinas que en lo absoluto pueden ser motivo de retroactividad o aceptación.

Esa, la razón de que el dictamen de La Haya sea inaplicable.

De hecho, de haber sabido Colombia en su momento que no se iba a fallar bajo el principio de legalidad, sino en circunstancias filosóficas, propias de una estructura conceptual y no de un sistema jurídico, orgánico y preestablecido, muy posiblemente no hubiera aceptado allí la resolución de la querella.

Tanto así, ciertamente, que el derecho y la equidad son incompatibles, como que en equidad un ladrón que roba una gallina, para dar de comer a su prole hambrienta, podría ser defensable; pero en derecho, habiendo afectado normativas explícitas, que soportan la legislación positiva, es necesariamente motivo de sanción y de resarcimiento al afectado. Similar el indescifrable caso de La Haya que al pasarse a la equidad, haciendo juicios de valor que no son de su competencia, termina desquiciando la juridicidad y su razón de ser en el ámbito internacional.

Desde luego, Colombia es respetuosa de los fallos. Por descontado, los fallos jurídicos, no los de equidad, que intrínsecamente llevan gérmenes políticos, se prestan a variables que no ha lugar o inclusive despiertan sospechas. Es por ello, naturalmente, que el símbolo de la justicia es una balanza sostenida por una imagen vendada, de modo que se entienda, precisamente, que no puede ser inducida por valoraciones extralegales.

Por lo pronto, interesa al país la protección de sus ciudadanos, la recuperación de la pesca descaecida por cuenta del intempestivo dictamen, la salvaguarda del medio ambiente en una zona con parte considerable de la riqueza coralina del mundo -que Colombia ha protegido aun frente a propuestas de exploración y explotación petrolera y gasífera-, el respeto por la diversidad cultural y los mecanismos de libre tránsito, necesarios para el desenvolvimiento de los habitantes del archipiélago colombiano.

Pero no fue más que el Gobierno nacional lo planteara para que algún excanciller nicaragüense calificara la propuesta de tramposa. No por ello, sin embargo, deja de tener todo el sentido. En la que, por supuesto, hay que insistir derivada de compromisos internacionales pactados en convenios de las Naciones Unidas. Pactos dirigidos a respetar etnias y raizales; a proteger el ambiente de fenomenales cargas antropogénicas, como la construcción de un Canal Interoceánico, ¡en semejante sitio!; y a velar por la manutención y cultura de la gente. Si Nicaragua se abstiene, es porque no cree en ello.