En comunicado del 4 de agosto los presidentes de las altas cortes reclaman respeto por su “actuar imparcial y autónomo”. Si la ciudadanía apreciara que la magistratura se ejerce con la majestad debida no haría falta comunicado alguno. Es lamentable el descrédito de la Rama Judicial. Aún no hemos hecho los colombianos el balance fallido de la Constitución de 1991. Desde su vigencia, las cabezas del poder judicial han caído en un abismo de corruptelas y politización impensables en el pasado cuando a los magistrados se les hacía venia tanto por sus conocimientos como por sus vidas y providencias impecables.

Ahora, el mascarón de proa de esa nave averiada es el Cartel de la Toga. Ante las actuaciones de los altos jueces lo que surge son cuestionamientos e interrogantes. Ejemplos: la desconsideración como prueba de los computadores de Raúl Reyes, que habían sido avalados por Scotland Yard. Esa decisión constituyó la mayor victoria de las Farc en su historial de crímenes contra el pueblo colombiano. La JEP, la C.S. de J. y el Consejo de Estado facilitaron la fuga de Santrich cuando éste, al salir de la cárcel, había expresado total solidaridad con el regreso de Iván Márquez a la guerra. A propósito, ¿cuántos procesos sobre Farc-política se han tramitado y cuántas condenas se han dictado? En contraste, ¿cuántos son los juicios y condenas por para-política?

Asimismo, hasta hace muy poco las decisiones en el proceso contra Álvaro Uribe eran dadas a conocer por periodistas y contradictores. Por otra parte, la cincuentena de visitas a testigos en las cárceles hechas por I. Cepeda fueron calificadas de gestos humanitarios. El video en el que aparece el senador Petro recibiendo una bolsa con dinero no ha merecido averiguación alguna. La JEP no recibe a las víctimas de las Farc, como la Corporación Rosa Blanca, sino a las víctimas del Estado. Hasta Sergio Jaramillo les llamó la atención por la lasitud de su conducta. ¿Qué diría la izquierda si un familiar de un congresista del Centro Democrático fuera investigador en la JEP?

Sabido que la coca es el combustible de los grupos violentos, la judicatura le pone todo tipo de trabas a la aspersión con glifosato y a la erradicación manual. Por tutela de tribunalitos se expulsan del país a expertos norteamericanos en el combate al narcotráfico. La Corte Constitucional le pide al Gobierno que pruebe un hecho público y notorio: la pandemia por el Covid-19.

Son tantas las acciones de los tribunales que coinciden con los intereses de los extremistas de izquierda que no sorprende que la Sala de Instrucción haya ordenado la detención domiciliaria del expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez. La vuelta insólita que se le dio al proceso donde el acusador resultó acusado, presagiaba que esa decisión estaba tomada. ¿La había anunciado el entonces Magistrado Barceló?

Vivimos momentos en que el Derecho se ha convertido en instrumento descarado de quienes buscan destruir el sistema democrático que hemos construido con sacrificios y tenacidad. La estrategia de la izquierda ha sido coronada por el mayor triunfo posible: Amarrar al gladiador invicto que ha levantado una muralla de pueblo y democracia contra la que se han estrellado los enemigos de la libertad. Ese luchador egregio no se puede defender sin ataduras. La venda ideológica de sus jueces no les permite comprender que “las teorías antiguas de la justicia parten de la virtud, mientras que las modernas parten de la libertad” (Sandel).