La crisis de la justicia está sobrediagnosticada. Todos sabemos que los procesos no marchan, que se utilizan testigos falsos, que se suelta a la calle a los más peligrosos delincuentes y que los jueces carecen de criterio. Lo grave es que un país sin justicia, con una impunidad por encima del 90%, no tiene futuro como democracia.
Pero hoy quiero referirme a otro tema: el del desconocimiento del derecho en las altas cortes. Quiero decir que, como lo veremos más adelante, es explicable que una juez municipal de la República crea que por una tutela puede alterar la Constitución y ordenar al Congreso que envíe para sanción un acto legislativo que no fue aprobado. Ella está en la escala más baja y, probablemente, la más ignorante de los jueces.
Pero lo que sorprende es que el mal afecte a las altas cortes. Por primera vez en la historia nos hemos enfrentado a un “cartel de la toga”, donde los más altos magistrados venden sus sentencias. Las maniobras que se hicieron por intereses personales en ese alto tribunal para sacar al Procurador en el 2014 dejaron un mal olor que aún no se disipa. Una magistrada del Tribunal Administrativo de Bogotá denunció la corrupción del presidente y del secretario de esa entidad. La denuncia no se investigó pero el Consejo Superior de la Judicatura la sancionó y la suspendió por “comprometer la dignidad de la administración de justicia”. ¿Cuál dignidad? Las persecuciones de la Fiscalía de Montealegre con la complicidad de las cortes contra exfuncionarios de Uribe son los casos más conocidos de politización de la justicia. Y el del Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Plazas Vega por los supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia es emblemático ¿No les dieron clases de ética en la facultad? ¿No prestaron juramento de cumplir la Constitución y la ley? Pero me estoy alejando del propósito de esta columna.
Que la juez mencionada atrás pretenda semejante despropósito vaya y venga. Pero que el Consejo de Estado, una alta magistratura, haga lo mismo asombra. Aunque nos hemos acostumbrado a que las altas cortes trapeen con la Carta Magna, que allí se ignoren los más elementales principios como la independencia de los poderes no cabe en la cabeza. Pero no es el único caso. Hay cientos como el abuso de la tutela para legislar por la Corte Constitucional, que prohibió el uso de las palabras “marica” y “mariquita” o “comunista”. Pero el último fallo de la Corte Suprema, cuyo texto integral no se conoce, de dejar en firme una orden del Tribunal Superior de Bogotá para que una revista revele la identidad de sus fuentes en una investigación periodística, muestra que la ignorancia de los derechos humanos (libertad de expresión) y de los tratados que los protegen son rampantes.
Una reforma a la justicia debe empezar por despolitizar las cortes y poner unos requisitos tales para llegar a ellas que sólo lo hagan los mejores. Y ponerle coto a las universidades de garaje. En Colombia hay más de 80 facultades de derecho, de las cuales solamente dos (Andes y Nacional) aparecen entre las 300 mejores del mundo (índice QS 2018). Deben requerirse exámenes muy serios para poder ejercer la carrera. No podemos seguir graduando abogadillos sin conocimientos ni ética.
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Coda: Las voladuras de los oleoductos por el ELN me recuerdan los derrames de camiones petroleros por las Farc cuando se rompió el cese al fuego, que doblegaron entonces al gobierno debilucho que todo lo transa. Los que causaron ese tremendo daño ambiental hoy son candidatos a la presidencia y al congreso. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora?