Iniciar el año es una invitación a la reflexión colectiva sobre los desafíos que enfrentamos como país. Colombia, con su riqueza e inmensas potencialidades, también carga con profundos desafíos y crisis sociales que requieren atención urgente. Este es un momento clave para que el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los organismos multilaterales y los ciudadanos reflexionemos sobre nuestro rol en la construcción de soluciones conjuntas. Entre estos desafíos, la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes debería ocupar un lugar central en la agenda nacional.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes ha alcanzado niveles alarmantes que exigen soluciones innovadoras y respuestas inmediatas tanto de corto como mediano y largo plazo. Según el informe Forensis 2024 de Medicina Legal, hasta noviembre de 2024 se reportaron 31.412 denuncias de violencia contra menores de 0 a 17 años en todo el país. Lo que sigue mostrando un aumento significativo, que ratifica la realidad aterradora, y la evidencia de la incapacidad de proteger a nuestra niñez.

Los datos confirman la urgente necesidad de implementar las llamadas rutas de atención que, aunque están en algunas temáticas adoptadas, no se cumplen, no se conocen por parte de las familias o de los mismos niños, no están adaptadas a los diferentes territorios y no tienen un enfoque centrado en la niñez y la adolescencia.

La violencia intrafamiliar es una de las manifestaciones más aterradoras de esta problemática. Los hogares, que deberían ser espacios de protección y adecuado desarrollo, se han convertido en espacios de peligro para miles de menores de edad.

Además, los recientes casos de asesinatos que incluyen a familias completas, incluso con niños pequeños, reflejan la alarmante degradación social y el nivel de violencia extrema que enfrentamos en la actualidad. Y, a pesar de las atrocidades, no se escuchan las respuestas de los líderes de las políticas públicas. Entre más se afecta la seguridad en el país, más violencia caerá sobre la infancia.

Una iniciativa para implementar en Colombia es la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana. Un sistema que diseñe e implemente un mecanismo de monitoreo para identificar riesgos en los hogares, las escuelas y las comunidades, con la participación de actores clave como el ICBF, las secretarías del interior, y de Educación, la Policía y las instituciones de salud. La integración de reportes ciudadanos e institucionales facilitaría la prevención y la intervención temprana en casos de violencia o abuso infantil, ayudando a mitigar las causas desde las primeras etapas.

Otra propuesta clave es la creación y gestión de una Red de Familias Protectoras. Las familias voluntarias actuarían como observadores y protectores en sus comunidades, recibiendo capacitación para identificar signos de abuso o negligencia infantil, y aprendiendo los pasos para reportar adecuadamente a las instituciones a cargo. La iniciativa fortalecería el tejido social con la red de apoyo, que promovería una respuesta más inmediata y localizada frente a situaciones de riesgo.

También es esencial el fortalecimiento del sistema judicial y la capacitación en protección de infancia. Fortalecer el sistema judicial con enfoque centrado en víctimas, con especialización de jueces y fiscales y autoridades decisorias, para que puedan actuar con celeridad y sensibilidad en delitos cometidos contra menores de edad. Esto podría incluir la implementación de juicios rápidos para acusados de delitos graves contra niños, asegurando que las respuestas judiciales sean reales, efectivas y oportunas.

Los niños tienen el derecho de crecer en entornos seguros, libres de violencia, con la garantía de que sean protegidos de manera efectiva. Este 2025 debe ser el año en que el país decida, de una vez por todas, priorizar a su niñez. No podemos fallarles.