La reforma constitucional  de Carlos Lleras Restrepo,  en 1968,  estableció la dictadura tributaria. En efecto, toda iniciativa en materia impositiva debe ser propuesta por el Gobierno y al Congreso únicamente le queda la opción de aplaudir o no la propuesta. Esa reforma, sostenía el profesor Jacobo Pérez Escobar,  fortalecía al Ejecutivo “para que pueda atender los problemas económicos y sociales propios de un país en vía de desarrollo, pero dentro del mayor respeto por los derechos y garantías esenciales del individuo”.

Esa intención  se tradujo, posteriormente, en la constitución de un Estado Social de Derecho, proclama que  en la realidad no es más que un homenaje a la bandera, pues en un sistema neoliberal esas ideas son incompatibles.

Para sustentar este pensamiento basta entender que el Congreso, suplente del pueblo soberano, en teoría, claro está, nada puede hacer para aliviar la carga impositiva, a partir del principio de monopolio presidencialista en todo cuanto tiene que ver con el manejo fiscal de la Nación. Los parlamentarios son convidados de piedra.

Siendo ello así, y con respecto al problema de los peajes exagerados en el precio y en el espacio, a sabiendas de que no existen carreteras libres de ese costo fiscal,  tal como sucede en otros países, para que ese tributo sea equitativo,  lo propio sería establecer una fórmula  que permitiera la libertad de locomoción a quienes carecen de los recursos para pagar tan excesivos tributos. Pero esa iniciativa solo la puede presentar  “Herodes” Cárdenas Santamaría y, seguramente,  no le interesa pues detrás están muchos  de sus concesionarios beneficiados con el peaje.

¿Qué hacer para que se establezca una tarifa diferencial entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, buscando una solución a la inequidad de esa contribución? ¿Reivindicar  al pueblo de los sobornos  de Odebrecht? Aplicando el principio de participación democrática, los parlamentarios que dicen estar preocupados por ese hecho, deberían elevarle un derecho de petición al Gobierno, para que se presente un proyecto de ley que contemple esa justa medida y restablecer el derecho de los usuarios.

Con esta estrategia se encontraría un pronunciamiento oficial acerca de este negocio con el sector privado que se enriquece con la libertad de locomoción del pueblo. ¿Cuánto dinero recibe el concesionario del peaje en la autopista del norte un fin de semana? Una de las razones del soborno en la licitación de la Ruta del Sol fue, precisamente, la organización del peaje y el término de duración de esa privatización del recaudo.

Ahí se deja planteada esta iniciativa -a los congresistas que supuestamente tienen la buena intención de castigar la corrupción-  para eludir la dictadura fiscal consagrada en la reforma de 1968 y de la que se han beneficiado muchos burócratas. La movilización motorizada en Colombia tiene tres gravámenes contributivos: la tasa a la gasolina, el impuesto de rodamiento y el peaje; amen de “Soat” y la famosa revisión tecno-mecánica.