ESTE año bisiesto será de gran agitación social y laboral en el país. Ya hubo una movilización en el mes de enero, viene un paro armado promovido por el Eln, se anuncia otro por parte de Fecode para los próximos días y en el mes de marzo se reanudan las marchas. Sobre las mismas el Gobierno ha dicho que el 19 por ciento de las peticiones formuladas por el Comando Nacional del Paro no son viables a nivel político, jurídico o fiscal, como el caso de las acciones de Ecopetrol sobre las que se solicita que sean cien por ciento estatales. El Gobierno informa que se está atendiendo el sesenta y cinco por ciento de las peticiones y que el seis por ciento no corresponde a competencias del Ejecutivo. Lo anterior hace prever una gran tensión entre los líderes del paro y del gobierno.

Unido a lo anterior, este año serán presentados los proyectos de reforma laboral y pensional. El primero debe ser instrumento para estimular la generación de empleo en los distintos frentes, y de la reforma pensional, que ha sido recomendada por la Ocde, se debe garantizar su sostenibilidad presupuestal hacia el futuro y terminar de eliminar los regímenes especiales para que su cobertura sea más alta y más sectores de la población se puedan pensionar. Estos dos temas son muy sensibles y complejos; la reforma laboral pasará primero por la Comisión de Concertación Laboral antes de ser presentada al Congreso en donde ambos proyectos serán objeto de un arduo debate, y lo mismo en la agenda de la conversación nacional.

El Gobierno, para enfrentar el trámite de sus iniciativas en el Congreso, le ha hecho un ajuste a su gabinete en el que quedan con representación varios de los partidos políticos; o sea, ha conformado una coalición de gobierno que le permitirá construir mayorías en el Legislativo. Los tres ministros nombrados son idóneos en los asuntos que son de competencia de sus respectivas carteras ministeriales. Esta decisión implica un cambio en el modelo de gestión del gobierno y así tendrá menos dificultades en el Congreso para el trámite de sus iniciativas legislativas.

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Se ha armado una polémica sobre la utilización de un avión oficial por parte de la familia presidencial. Se dice que la señora María Juliana Ruiz se vino en un avión de Cartagena para cambiarse de traje y luego atender un compromiso oficial. La familia presidencial es sencilla y no se ve muy amiga del boato del poder. Esa versión no parece muy creíble porque en Cartagena hay suficientes almacenes para adquirir un vestido o una aprenda femenina. Lo mismo ha ocurrido con el viaje al parque Panaca para la celebración del cumpleaños de una de sus hijas. Ello ha abierto un debate en las redes sociales sobre la utilización de los bienes del Estado en este tipo de actividades que parece lesionar la sensibilidad de algunos. Aunque creo en la austeridad de la familia presidencial, entendiendo que aquí está de por medio la seguridad personal, es preferible evitar este tipo de desplazamientos hacia el futuro.