Se instaló este 20 de julio el nuevo Congreso de la República con la particularidad de que las fuerzas políticas que ayer eran de oposición, hoy son gobierno y, además, del hecho de haber conformado unas mayorías en el Congreso que les permitirá ejercer la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, lo mismo que de las comisiones legislativas, donde se tramitan los principales proyectos de la agenda legislativa de los gobiernos.

Se dice que los gobiernos que comienzan esperan o aspiran a sacar adelante sus principales propuestas legislativas y sus proyectos de reforma entre la primera y segunda legislatura. Por ello se anuncia que, una vez se posesione el presidente Gustavo Petro, se presentará el proyecto de reforma tributaria que, al parecer, propondrá un impuesto al patrimonio a partir de mil millones y un impuesto a la renta para ingresos de diez millones en adelante. La verdad es que todas las reformas tributarias afectan el bolsillo del contribuyente.

También ha dicho la designada ministra de Agricultura que ya tiene listo el borrador del proyecto de reforma agraria cuyo eje será establecer un tributo alto a las tierras improductivas con el fin de estimular la productividad en el campo, lo mismo que el catastro multipropósito. El tema de la tierra de suyo es complejo y se ha dicho siempre que esta en la base de las diferentes formas de violencia que se han vivido en Colombia. Ojalá se logre construir un consenso básico sobre esta iniciativa.

Por otro lado, se ha planteado separar a la Policía Nacional del ministerio de Defensa con el argumento de que la Policía se ha militarizado en las últimas décadas y que hay necesidad de devolverle su naturaleza constitucional de cuerpo civil, adscribiéndola al Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia. Hay necesidad de introducirle reformas a la Policía para que responda con más eficacia a su misión de perseguir el delito y de preservar las libertades ciudadanas con el fin de garantizar la convivencia.

En particular se conocen quejas sobre el funcionamiento del Esmad por el uso excesivo en la utilización de la fuerza en el marco de las protestas y movilizaciones ciudadanas, que son materia de investigación por parte de los órganos competentes del Estado. Pero aquí cabe una reflexión en el debate que habrá de hacerse sobre la conveniencia de su separación y es que los ministros de Defensa han sido civiles desde hace 30 años; por tanto, los directores de la Policía, desde entonces, han dependido de civiles y no del Comando General de las Fuerzas Militares. Entonces su real o aparente militarización no se debe a que dependa del Ministerio de Defensa.

De pronto la degradación de la confrontación armada en Colombia y la lucha contra el crimen organizado que la diferencian de otras instituciones policiales en el mundo la han puesto a cumplir funciones que son más de responsabilidad de los militares. Ello debe ser materia de un debate, serio y responsable, cuya conclusión debe definir el camino de las reformas al estamento policial.