Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías ni de indultos; la primera una cesación de la acción penal y lo segundo un perdón de la pena.  Además de nuestra tradición constitucional, lo señalan los compromisos internacionales adquiridos por tratados firmados por Colombia, como la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y el Tratado de Roma. 

Cuando se  firmó  el Acuerdo de Paz de La Habana,  en el componente de justicia se  estableció una justicia transicional, con penas cortas y que podrían sustituirse por trabajos agrícolas; se advirtió que ello establecía un desequilibrio con las penas de otros delitos, de menor calibre, pero que nadie entendería, como un exguerrillero, responsable de asesinatos, extorsiones, secuestro, narcotráfico, reclutamiento de menores, etc.,  saldría con ocho años, conmutables con trabajo y los miembros del ejército, no subvertidos, tendrían que pagar, por delitos también graves, penas mucho más altas.  Igualmente se presentaba una asincronía con otros condenados por otros delitos de menor gravedad, que quedaban pagando penas mayores. Se creaba una desarmonía que tarde que temprano, explotaría.

Es lo que ahora está sucediendo; en el diálogo del presidente de la Comisión de la Verdad, con el expresidente Uribe salió a colación, ocasionando toda una serie de diatribas desde diferentes ángulos, incluyendo a la JEP, que salida de cauce, entró a la polémica señalando que la propuesta equivalía a terminar el proceso de paz. No creo que se trate de una propuesta de impunidad, ni que tenga que analizarse desde lo jurídico; se trata más bien de buscar una solución política, a un tema sensible, que causa un gran desequilibrio en la sociedad y que tarde que temprano iba a aflorar.  

No va a aceptar la sociedad colombiana, incluso la amiga de la paz, que los exguerrilleros se la pasen en el Congreso, esperando un proceso que apenas comienza en la JEP, que terminará con penas simbólicas, mientras que quienes los combatían tengan que salir a soportar la posibilidad de altas penas o aceptar una verdad de conveniencia, con lo cual no están de acuerdo, para poder tener las mismas prebendas de los exguerrilleros.

La propuesta del expresidente no hace otra cosa, que poner en el tapete de la discusión nacional un tema aplazado. En cambio, otras salidas, si son en falso, como la del Fiscal General a quien se escuchó en un foro académico la semana pasada, decir lo siguiente: "Nosotros no podemos echar para atrás, no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, eso no va a pasar mientras yo sea fiscal, no voy a permitir que eso avance". Nos preguntamos, ¿acaso las discusiones políticas, así se plasmen luego en leyes o incluso en reformas a la Constitución, están en las competencias del Fiscal General, a quién le corresponde hacerlas cumplir?  No se trata en este caso de un problema de política criminal, sino de una discusión política que quedó truncada. Mejor haría el Fiscal de ocuparse de lo suyo y no de las discusiones políticas de la nación.