La administración del agua es un tema que el Estado Colombiano está en mora de abordar. Su necesidad se evidenció en la ola invernal del 2010 cuando varias hidroeléctricas, sin concierto con el gobierno nacional, abrieron sus compuertas en el peor momento de las inundaciones, cuyas catastróficas consecuencias no se han podido superar a pesar de la creación, para entonces, del Fondo de Adaptación, entidad que ha perdido la brújula de su misión central: La adaptación del país al cambio climático. En estos días las decisiones tomadas en Hidroituango, explicadas juiciosamente por sus directivos, no ocultan el patetismo de contemplar el río Cauca seco por tres días ante la desesperanzada mirada de los ribereños.
Es cierto que el aprovechamiento para generar energía de la cuenca antioqueña es ejemplo mundial de eficiencia, y son fundadas las esperanzas en la recuperación del proyecto Hidroituango que generará, cuando entre en funcionamiento, el 17% del total nacional, con todo lo que esto significa como aporte al crecimiento económico y al bienestar de los colombianos. Por eso, no creo prudente recurrir ante jueces, tribunales o entes de control. En esos estrados se carece de la experticia que exige un proyecto de tan grandes dimensiones, y que es prioritario en nuestra planeación energética desde hace más de 40 años. Debe imperar, en estos casos, el espíritu de la norma constitucional que obliga a la cooperación armónica entre los poderes públicos. “Nuestro individualismo no solo es asocial, sino también torpe: al preferir la opción del “cada uno por su lado” nos bloqueamos los unos a los otros… y terminamos peor que si hubiésemos pensado como ciudadanos, colaborando y asumiendo deberes”, escribe Mauricio García Villegas.
Sin embargo, es válido preguntarse si una entidad municipal, en este caso EPM, puede decidir sobre el caudal, aguas abajo, de un río como el Cauca que nace en el macizo colombiano, se extiende por 1.600 km, y baña cerca de 180 municipios de 7 departamentos. El interrogante es suficiente para entender la urgencia de La Autoridad Única del Agua. El tema se planteó en las discusiones del PND 2014-2018. Se optó, entonces, por la creación del Consejo Nacional del Agua (ART 250, de ley 1753/15 ), cuyo objetivo principal consiste en diseñar “herramientas de articulación y coordinación interinstitucional para ejecutar la política de administración sostenible del recurso hídrico”. Ignoro si esa entidad alcanzó a nacer y si ha ejercido función alguna.
Ahora, cuando en la Política de Seguridad y Defensa, lanzada hace pocas semanas por el presidente Duque, se le da la importancia debida al medio ambiente, a la biodiversidad y al agua, resulta obligatorio que Colombia tome decisiones sobre la regulación hídrica, uno de los temas más sensibles del mundo contemporáneo. Sugiero que se retome el “Memorando de Entendimiento 2011”, entre los gobiernos de Colombia y Holanda, en el cual las partes se comprometen a “cooperar en relación con la Gestión Integral del Agua”. Es sabido que las centenarias instituciones holandesas sobre la materia tienen en cuenta tanto las más avanzadas tecnologías como la opinión de una ciudadanía informada y participativa. Es lo que se conoce como “La Gobernanza del Agua”.