Según las resultas del Barómetro Global de Corrupción de 2016 para América Latina y el Caribe, basados en  una encuesta de opinión pública realizada a ciudadanos de 20 países de la región sobre percepciones y experiencias de corrupción, el  22 por ciento de los colombianos que han acudido a hospitales públicos admiten haber pagado  un soborno, dado un regalo o haber hecho algún  favor para obtener el servicio.   El estudio divulgado por Transparencia Internacional señala  que tanto en Colombia como en República Dominicana, México, Perú y Venezuela, “los índices de soborno son elevados” y que hay una percepción generalizada en la zona de que el fenómeno está en ascenso y que los gobiernos no luchan con firmeza la corrupción.

En el caso colombiano, la percepción es que la corrupción ha aumentado. Y no sin fundamento. Basta mirar la corrupción privada y pública en el tema de infraestructura conocida como  caso Odebrecht, que llegó incluso a contaminar las campañas  presidenciales pasadas y tiene comprometidos a algunos de sus dirigentes e importantes empresas del sector  privado y a funcionarios del sector público;   la corrupción en la Fiscalía General de la Nación, donde el Fiscal Anticorrupción,  hacía parte de un entramado delincuencial, al parecer con Magistrados y exmagistrados, para demorar la toma de decisión en procesos y para orientar el sentido de algunas definiciones.    A lo anterior se suma la corrupción judicial en algunos Tribunales Superiores del país, donde varios Mmagistrados se han visto envueltos en procesos penales por corrupción.

Según el estudio, al preguntar a los colombianos sobre la percepción de corrupción de algunas entidades, la más corrupta resulta ser el Congreso de la República,  según el 54 por ciento.  En segundo lugar es para la Presidencia de la República con sus Ministros, con el 48 por ciento.  Siguen los concejales, con el 46 por ciento, seguidos por la Policía, con el 41 por ciento.   Las altas Cortes tienen el 37 por ciento de percepción sobre estar afectadas de corrupción.    El  19 por ciento de los 1.200 consultados en el país reconocieron haber pagado coima en entidades de registro, en trámites de documentos de identidad.  También admitieron haber pagado para el acceso a servicios públicos domiciliarios y para trámites ante tribunales de justicia.

Todo tiende a indicar que está bajando el umbral ético de los colombianos y que las autoridades no disponen de adecuadas políticas públicas tendientes a reprimir la corrupción.

Ante males de esta naturaleza se precisa de una decidida voluntad del Estado de combatir la corrupción en todos sus órdenes, secundada por la ciudadanía que se tiene que convertir en veedora de todas las actuaciones públicas y privadas que puedan verse empañadas por la acción de los corruptos. Las sanciones para quienes se corrompen deber ser aleccionantes.   Las políticas educativas tienen que hacer énfasis en la recuperación de los valores sociales.  Combatir la corrupción y erradicarla en la medida de lo posible, tiene que ser tarea de todos los estamentos de la sociedad.   Por ello debe haber un pacto nacional para combatirla con el apoyo  y la acción decidida de todos los ciudadanos.