En un informe divulgado hace más de una década por el BID aparece un dato revelador: solo el 35% de los encuestados se declaraba satisfecho con la democracia en América Latina. Como dice el ex canciller de México, Jorge Castañeda, la disputa en esta región ha sido entre “la izquierda ideológica y la derecha económica incapaces de dialogar o confrontar entre sí”. Luego agrega que el riego de hoy es que las experiencias populistas, nacionalistas y hasta militaristas que han surgido en algunos países de la región consoliden un “Estado antipolítico” que ponga en riesgo la democracia.
En ese informe del BID el panorama político se caracteriza, como si fuera hoy, por “partidos débiles, apatía respecto a la democracia, un sistema de justicia débil, bajos niveles de interés político y bloqueo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”. Lo anterior significa que el sistema democrático en América Latina no está respondiendo adecuadamente a las demandas ciudadanas en la formulación de políticas públicas que garanticen derechos como la salud, la educación, la vivienda, el descenso de la pobreza y mayores niveles de igualdad. Algunos creen que se ha expandido la clase media y que hoy está más empoderada para hacer valer sus derechos a través de las movilizaciones ciudadanas.
Lo que si resulta claro son los altos niveles de desigualdad que se registra en los países de la región que han encontrado como salida o válvula de escape la apelación al populismo. Hay que reconocer que el modelo capitalista, por su naturaleza, es competencia y, por tanto, no resuelve el problema de la igualdad como en forma ideal todos quisiéramos, pues no está respondiendo a la satisfacción adecuada de las necesidades básicas de la población y al problema del empleo.
Y si a ello se le suma la ineficacia del Estado, los problemas del órgano legislativo, la venalidad de sectores de la justicia y la incapacidad de prevenir y combatir con eficacia el fenómeno de la corrupción, nos encontramos frente a un cuadro que puede explicar la inconformidad que se vive en distintos países y que se manifiesta en recurrentes protestas ciudadanas. Todo ello nos lleva a lo que Castañeda identifica como desencanto con la democracia.
Es cierto que Chile y Colombia registran altos niveles de desigualdad y que en los dos países se desarrollan en estos momentos protestas ciudadanas por reclamos parecidos relacionados con el derecho a la educación, con pensiones, tributación, salarios, corrupción, entre otros puntos. Ello a pesar de que Chile venía creciendo a una de las tasas más altas que el promedio de América Latina con un modelo económico que viene desde la década del 90. El gobierno de Piñera ha anunciado una serie de medidas en lo que se conoce como “nueva agenda social” y acordó convocar un plebiscito en abril de 2020 para definir si se promueve una nueva Constitución y qué mecanismo será utilizado. En Colombia para que la movilización sea auténtica no deberían permitir que se la tomen dirigentes que tienen agenda política propia. Hay que oír y flexibilidad agenda social.