Nada de paños calientes. En estos momentos la imagen de España está seriamente dañada. En lo político y en lo económico, siendo lo segundo una consecuencia de lo primero. Así se infiere de las alertas que, claramente secuenciadas en el tiempo, han sonado en las agencias de calificaciones crediticias y en el Parlamento Europeo, cuyo pleno de esta semana se dedicó a debatir la venidera amnistía para los golpistas de octubre de 2017 en Cataluña.

Nada que no supiéramos. Lo nuevo es que el malestar interior por el nacimiento de un Gobierno del Estado dependiente de los enemigos del Estado -véase el despropósito-, expresado en la calle y en las instituciones, ha salido de nuestras fronteras y ya preocupa en instancias internacionales con las que compartimos reglas del juego, valores, proyectos de futuro y órganos de decisión.

Sirva esta dosis de recuerdo para quienes, como el ministro Bolaños, recurren a la coartada de la no intromisión de terceros en nuestros problemas domésticos. De domésticos, nada. La soberanía compartida en la Unión Europea permite que los jerarcas de Bruselas cuestionen, por ejemplo, la cancelación parcial de la deuda de Cataluña, la amnistía por delitos de malversación de fondos públicos o, ya en el plano estrictamente político, la arbitrariedad de decisiones contrarias al principio de legalidad y, por tanto, al funcionamiento del Estado de Derecho.

El debate de la Eurocámara de ayer en Estrasburgo no ha dado lugar a ningún tipo de resolución o consecuencia jurídica concreta. Ha sido estrictamente político. Pero no dejará de impactar en las opiniones públicas de los socios europeos. Y, por supuesto, también en la opinión pública española. En nuestro caso, como elemento verificador de que el malestar interno por los pactos de Pedro Sánchez con subversivos compañeros de viaje es transversal y no debido a posiciones dictadas desde el hemisferio derecho de la política nacional.

Puertas adentro, la formación del nuevo Gobierno, tras su primera reunión en el Palacio de la Moncloa este miércoles, más parece orientado a levantar un dique capaz de frenar, silenciar o inmovilizar a la derecha política, que a la voluntad de reconocerse en un proyecto propio.

O sea, un Gobierno a la contra que, de todos modos, nace amenazado desde dentro, desde una amalgama de partidos con agendas propias. El "qué hay de lo mío" va a ser especialmente conminatorio en el caso de los cinco diputados de Podemos pastoreados por Iglesias Turión y los siete de Junts pastoreados por Carles Puigdemont. Dos ovejas negras. Dos cráneos privilegiados sin diagnosticar y dos formas de separatismo. Uno de la familia (la izquierda) y otro del Estado.

Ojo, que vienen tiempos recios.

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Con el mismo núcleo duro en el primer círculo de cercanía al jefe, mayoría absoluta de mujeres ("acento feminista", dice Sánchez) y clara voluntad continuista (idéntico número de sillones con trece caras repetidoras), nace un Gobierno condicionado por las exigencias de subversivos compañeros de viaje (plurinacionales y republicanos, recuerden).

Vino nuevo (9 caras, si no me equivoco) en odres viejos. Más de lo mismo, incluido el relato sobre el "impulso reformista" aireado por Sánchez en su comparecencia de este lunes. La más clara prueba de esa clave continuista se percibe en la asignación del departamento de Justicia al de Presidencia, en la persona de Félix Bolaños. Desde la Moncloa gestionará los tratos del Ejecutivo con el Parlamento (Relaciones con las Cortes) y, atención, con la Judicatura. Así se visualiza la intención vigilante del Ejecutivo cuando los jueces deban aplicar la ley de amnistía.