Se posesionó el nuevo Fiscal General lleno de ilusiones pero con la compleja responsabilidad que supone el desempeño de ese cargo en un país en el que el grueso de la gente no cree mucho en la justicia, según las mediciones que se han divulgado recientemente. Son múltiples los retos que enfrenta la fiscalía como institución y el Fiscal General debe saber orientarla hacia esos objetivos. El nuevo jefe de ese organismo se ha referido a la necesidad de fortalecer la capacidad de investigación, lo mismo que su presencia en las regiones, lo cual, desde luego, debe hacerse. Pero ese requerimiento será siempre una constante, lo mismo que el énfasis en las líneas gruesas de investigación.

El punto central es el de recobrar la senda del propósito que animó la adopción del sistema acusatorio que replanteó la forma tradicional de investigación criminal que existía hasta entonces e impuso el modelo de la oralidad. Hoy, ante tanto fiscal y juez refractario a las técnicas del sistema oral, hemos regresado a vicios que se creían superados porque eran propios del esquema anterior. También se percibe cierto reacomodamiento en quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo.

Una de las mayores preocupaciones que existe es que de una planta de personal que supera los veinticuatro mil funcionarios, los fiscales, que son los que tienen la delicada función de investigar el fenómeno de la criminalidad, distribuidos en treinta y cinco seccionales, son una proporción muy inferior a los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el adelanto de tareas de apoyo.

Por otra parte, cuando comenzó a implementarse el sistema acusatorio se propuso que el Instituto de Medicina Legal no debería depender orgánica y funcionalmente de la Fiscalía General, si se tiene en cuenta que esta Entidad debe apoyar técnicamente tanto a quienes investigan y acusan, como a quienes defienden y, por tanto, dejarla dependiendo de la Fiscalía desequilibraba el sistema y afectaba el principio de igualdad de armas, que es de la esencia del sistema acusatorio.  Pero ello no prosperó y aún creemos que funcionalmente debe mantener cierta independencia de la Fiscalía. Esa iniciativa debería retomarse para descongestionar a la Fiscalía General de actividades que no deberían ser de su exclusiva responsabilidad. Estas son sugerencias para una eventual reingeniería de ese organismo.

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Se han divulgado las bases del Proyecto de Reforma a la Justicia cuya elaboración viene coordinando la ministra del ramo y que será presentado próximamente al Congreso de la República. El borrador recoge varios de los puntos que traían las reformas anteriores que se terminaron hundiendo, pero, curiosamente, no se refiere al Consejo de Disciplina Judicial que está en el limbo, ni a los fueros de juzgamiento. Le elimina si las funciones electorales a las Cortes y les aumenta el periodo y la edad a los magistrados; lo último no es una preocupación de la ciudadanía ni una necesidad sentida, como lo demuestra el hecho de haber elegido un Fiscal General de 45 años. En la próxima columna haremos un análisis más amplio de la propuesta de reforma a la justicia.