Hay comentaristas muy respetables en los medios de comunicación que están acudiendo al género caricaturesco para simplificar el análisis de la gestión del gobierno sin el rigor que debe exigirse para balancear sus aciertos o desaciertos, lo mismo que las fortalezas y debilidades que se puedan identificar en sus políticas y programas. El gobierno no había comenzado y sus críticos ya habían enfilado sus baterías contra los actos del nuevo presidente, en particular contra el anuncio del gabinete ministerial y las designaciones que hacía en las entidades públicas y el servicio diplomático sin haberse posesionado.

Era previsible que la oposición comenzara temprano a blandir sus armas porque el lenguaje de la campaña había sido muy agresivo, y el que se utilizaba en las redes sociales lo era todavía más. Al posesionarse el nuevo gobierno llegaron las movilizaciones primero de los educadores y luego de los estudiantes reclamando mayores recursos para el sector de la educación; movilizaciones que no le hicieron al anterior gobierno por los mismos fines. No obstante lo cual, el Presidente Duque accedió a destinar recursos importantes para la educación en los siguientes cuatro años, con los que no se contaba antes, en medio de los problemas fiscales en que se encontraba el país. Luego vino la movilización indígena promovida por el CRI, en el Cauca, que bloqueó el suroccidente colombiano y en la que se invocaban compromisos incumplidos de las administraciones anteriores, y pareciera que se llegó a un acuerdo razonable.

Así las cosas, avanzaba el trámite de los proyectos de reforma política y reforma a la justicia que, desde luego, no tenían posibilidad de pasar por el Congreso porque no había mayorías que los hiciera viables. La aspiración de que tales proyectos tuvieran éxito por la vía de la persuasión se enfrentó con el modelo de gestión que adoptó el presidente en el que las fuerzas políticas que hacen las mayorías en el Congreso no tienen representación en el gabinete. Esa ha sido una apuesta muy audaz del gobierno, que los analistas no tienen muy en cuenta, y que le ha generado toda suerte de dificultades para sacar adelante sus iniciativas legislativas.

El gobierno logró con mucho esfuerzo que se aprobara la Ley de Financiamiento - la que era posible-, el Proyecto de Presupuesto, el Plan de Desarrollo y el de las TIC, sin acudir a la tradicional “mermelada” para hacer mayorías. Y ni siquiera ese avance en trasparencia le reconoce al nuevo gobierno. Tampoco los que se registran en exploración de hidrocarburos; la gestión para reactivar las Autopistas de 4G, la construcción  y ampliación de nuevos aeropuertos; el programa de la economía naranja, que es una recomendación de la OCDE -cuya incorporación aprobó el Congreso mediante ley- con resultados positivos en otros países, y aquí lo subestiman.

Lo anterior revela de manera inequívoca la necesidad que tiene el gobierno de construir mayorías en el Congreso para que sus iniciativas fluyan sin contratiempos y antes, por el contrario, sean enriquecidas. Ello le daría herramientas para mejorar lo que se conoce como gobernabilidad.