Los tiempos y movimientos en materia fiscal son, de ahora en adelante, cruciales.

La reforma tributaria que con más ánimo conciliador que su antecesor viene tejiendo el ministro J.M. Restrepo resulta indispensable. Pero el gobierno debe tener mucho cuidado sobre cuándo y cómo la presenta. Un fracaso político en su trámite sería la estocada final en la desafortunada cadena de fracasos fiscales que viene registrando.

Veamos. Si la presenta ahora mismo, antes de que termine la actual legislatura, sería un proyecto de ley que nacería contaminado por los vientos levantiscos del paro. Y por defensable que resulte su contenido (ahora sin IVA, sin impuestos a las rentas de trabajo ni a las clases medias) quedaría envuelto en el torbellino de protestas que sopla con furia sobre el país. La reforma tributaria debería presentarse entonces el 20 de julio (primer día de la próxima legislatura), ojalá con mensaje de urgencia. Presentarla en lo que queda de esta legislatura (o sea, antes del 16 de junio) resulta inoficioso, pues de todas maneras el Congreso no alcanzaría a darle ni siquiera primer debate.

De la fecha actual al 20 de julio hay casi dos meses de espacio, tiempo durante el cual es indispensable que se haya levantado el paro y las aguas comiencen a retornar a sus niveles normales. Si en dos meses este paro no ha terminado, apague y vámonos.

Ahora bien: ¿qué hacer en estos dos meses que nos separan de la apertura de la próxima legislatura? Además de preparar y concertar  el proyecto de reforma tributaria con el mundo político para que no pase lo de la reforma Carrasquilla, el Ministerio de Hacienda tiene dos tareas fundamentales entre manos que deben surtirse antes de radicar el proyecto de reforma tributaria: de una parte, preparar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del año entrante que según la ley debe radicarse antes del 15 de junio; y de otra, confeccionar el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal del 2022 que debe aterrizar en el Congreso -según lo manda la Constitución- en los primeros diez días de cada legislatura, es decir entre el 20 y el 30 de julio del año en curso.

Tanto el MFMP como el presupuesto deben trazar el telón de fondo que habrá de orientar la nueva reforma tributaria. Estos dos cruciales documentos habrán de responder a preguntas tales como: ¿cuál es el déficit fiscal con que el gobierno piensa cerrar este año y el que viene? ¿cuáles son los gastos prioritarios que van a atenderse? ¿cómo se va a financiar el déficit: cuánto con nuevos impuestos, cuánto con endeudamiento, cuánto con venta de activos, ¿y cuánto con recortes de gastos públicos? Estos documentos (MFMP y presupuesto para la vigencia del año entrante) son, pues, la brújula de navegación que debe orientar la reforma tributaria del ministro Restrepo para que no naufrague en las aguas turbulentas por las que navegamos actualmente. Por eso debe haber completa sincronía entre unos y otra.

Al 20 de julio no solo debe haberse levantado el paro, sino que se conocerá con certeza cuál es el costo fiscal que el gobierno ha resuelto pagar -en las negociaciones que se avecinan tanto con el comité del paro como con las mingas- para levantar el paro. Será sin duda un costo alto. Pero, además, es en el presupuesto del año entrante, en el Marco fiscal de Mediano Plazo y en las proyecciones de recaudos que entrañe la nueva reforma tributaria, donde se encontrará la clave para descifrar al acertijo sobre la manera como se pagará la pesada cuenta que se nos viene encima para levantar el pago. Y para financiar las inversiones sociales apremiantes que tiene el país entre manos.

La sostenibilidad de la hacienda pública futura de Colombia depende de la lucidez con que se responda a estas preguntas ahora.