En un Estado de Derecho -en el que, por definición, gobernantes y gobernados están sometidos al orden jurídico y, por tanto, imperan las normas sobre privilegios, exclusividades y prebendas- nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley, ni escapa a la obligación de dar cuenta de sus actos y decisiones, asumiendo a plenitud su responsabilidad -penal, disciplinaria, fiscal, patrimonial- por las infracciones en que haya podido incurrir, bien sea en virtud de acciones positivas u omisivas. Corresponde a fiscales, jueces y órganos de control hacer efectivos tan esenciales principios.  

La igualdad ante la ley es propia de un sistema democrático y es fundamento esencial de su vigencia. Aceptar lo contrario no conduce a nada diferente de una grave corrupción de la democracia, por cuanto se desvirtúa el máximo postulado de la moralidad pública, se descompone la sociedad y periclita la justicia.  

Si esto es exigible a toda persona, con mayor razón a quienes ejercen los cargos de mayor rango en las ramas y órganos del poder público. Más que nadie, ellos -que han prestado juramento en el sentido de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley- han de dar ejemplo a la comunidad. 

En Francia acaba de ser condenado el expresidente Nicolás Sarkozy a tres años de prisión -uno de ellos firme-, en cuanto fue hallado responsable por corrupción y tráfico de influencias. Dentro del mismo proceso han sido condenados el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert, por haber participado -según el fallo- en un pacto de corrupción.  

Aunque exonerado por la solidaridad partidista de los republicanos, el expresidente estadounidense Donald Trump ha sido sometido a dos juicios políticos, y no se excluye que se le adelante un proceso ordinario por evasión tributaria. 

En España, el rey emérito Juan Carlos I de Borbón, está todavía en la mira de la administración de justicia. Según la Constitución de 1978, en su condición de jefe de Estado, gozaba de inmunidad mientras ejercía el cargo, pero su abdicación cambió las reglas. El Tribunal Supremo lo investiga por supuestos actos de corrupción cometidos con posterioridad.  

Las dificultades en el trámite y hasta los millonarios y extemporáneos pagos efectuados al fisco por el rey emérito para evitar procesos judiciales en su contra, han sido rechazados inclusive por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sostenido que, si bien defiende el pacto constitucional y la monarquía parlamentaria, “eso no resta para que las instituciones, si queremos garantizar la estabilidad de las mismas, den pasos a favor de algo que conecta desde el punto de vista emocional, con el sentir de muchos ciudadanos que quieren instituciones transparentes y ejemplares”. A lo cual ha agregado que las conductas del retirado monarca son rechazadas por los españoles como "conductas incívicas" que “han marcado un antes y un después sobre transparencia y el buen uso de los recursos públicos". 

Es que la impunidad de quienes ejercen o han ejercido el poder no es aceptable en una organización política sometida al Derecho. Los pueblos reclaman que la ley sea para todos, sin excepciones. Pensemos en eso, aquí en Colombia.