Debe reconocerse que el director del DANE, doctor Oviedo, ha sido quizás el mejor funcionario de este gobierno. Frente a la manía casi compulsiva de todos los funcionarios de la administración Duque para “superlativizar” cuanta noticia divulgan, que los lleva a hablar siempre de que todo es “lo mejor del mundo, de la región o de la historia colombiana”, y a callar o asordinar lo que perciben como malas noticias, el director del Dane ha sabido anunciar con equilibrio tanto las estadísticas promisorias como las desalentadoras. La publicación periódica que se inició bajo su mandato llamada “pulso social” ha sido fuente de información invaluable para ponerle cifras inapelables al aterrador retroceso que la pandemia ha causado en materia social.

Se anuncia la presentación de un proyecto de ley que busca rodear de mayor independencia al Dane. Aunque no existen indicios de que este gobierno haya sido irrespetuoso con la “la magistratura estadística” (para apelar a una terminología análoga a la que Alfonso Palacio Rudas utilizaba para referirse a la junta directiva del Banco de la República que llamaba “magistratura monetaria”), no sobra fortalecer su independencia.

La oportunidad y seriedad técnica de las estadísticas y la credibilidad ciudadana en ellas son un bien público. Si esta condición faltara, el debate democrático sobre mil temas tales como inflación, crecimiento del PIB y empleo para no citar sino algunos, se volvería imposible.

Ahora bien: si este gobierno -como se ha anotado- parece haber sido respetuoso de la independencia de la autoridad estadística, no siempre ha sido así. Recuerdo, por ejemplo, cómo el director del DANE durante la primera administración Uribe debió renunciar al haber sido víctima de incomodas presiones provenientes del palacio de Nariño.

El proyecto de ley que se ha presentado prevé como piedra angular de esa mayor independencia que su nombramiento sea fruto de un concurso público en el que todos aquellos que cumplan con los exigentes requisitos que se estipulan puedan postular su nombre, para que entre ellos escoja finalmente el presidente de la República. La experiencia con estos concursos públicos para proveer altas dignidades es agridulce. Se puede prestar a simulacros de gran apertura democrática, pero en los que a la postre es el propio denominador el que escoge a su gusto uno de los postulados. Mucha mayor protección a la independencia del director del Dane sería que durante el término de su mandato, digamos cuatro años, no pueda ser removido por el presidente de su cargo. Algo similar a lo que acontece con los directores del Banco de la República. Puede abrirse el concurso para designar si se quiere, pero una vez escogido quedaría sustraído de la espada de Damocles de una remoción jupiteriana proveniente del jefe de Estado. Lo que constituye la merma principal de autonomía para el jefe de las estadísticas nacionales.

Según se ha informado, el proyecto de ley también señala qué tipo de censos debe adelantar el Dane y con qué periodicidad. Esta disposición sería de la mayor importancia. Recuerdo el censo rural último que se levantó durante el pasado gobierno. Hacia cuarenta años no se hacía. Tuvimos que sacarle la financiación de tan importante instrumento casi con tirabuzón al insensible Ministerio de Hacienda de entonces, al que fue muy difícil hacerle entender que un censo de lo rural hay que actualizarlo -como sucede en la mayoría de los países- cada cierto tiempo. Nosotros llevábamos cuarenta años sin hacerlo. Refiriéndome al censo rural anterior que por fin logramos poner al día dije, como ministro de agricultura de la época, que más se parecía a un daguerrotipo que a una fotografía.

Las estadísticas son un bien público indispensable para el buen funcionamiento democrático. El Dane y su director conforman una verdadera “magistratura estadística”. Todo lo que pueda hacerse para fortalecer su independencia hay que saludarlo con entusiasmo.

PD: la Comisión de la Verdad es una de las instituciones nacidas de los acuerdos de paz. Tiene rango constitucional. Desde el momento mismo en que el expresidente Uribe comenzó diciendo que desconocía la legitimidad a la comisión se le debió poner término a esa promocionada conversación. Quien representa una institucionalidad no puede prestarse a dialogar con quien comienza por negarle legitimidad.