Nadie sabe cuánto se van a demorar las negociaciones con el comité del paro. Tampoco se sabe si, como algunos afirman, el propósito recóndito de este comité es mantener unas negociaciones indefinidas hasta poner contra la pared al gobierno. Lo que sí se sabe con certeza es que serán negociaciones largas. Y que lo que allí se negocie será muy costoso en términos presupuestales.

Ahora bien: lo que es indispensable que todo lo que se negocie sea fiscalmente viable. Y que el gobierno no se vaya a guiar por el facilismo para apaciguar a “cualquier costo” las fuerzas del paro.

Así las cosas, resulta indispensable hacer converger la negociación para levantar el paro con la aprobación de la nueva reforma tributaria en la que viene trabajando el Ministro de Hacienda. Y cuya meta de recaudo se ha disminuido de 26 a 12/ 15 billones. Si esta convergencia no se logra estarían sembradas las semillas para un desbarajuste fiscal mayúsculo.

En la exposición de motivos de la fallida reforma Carrasquilla están explicadas las grandes cifras de la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país. Se requiere recaudar al menos un punto adicional anual permanente del PIB para empezar a estabilizar las finanzas públicas (o sea, 10 billones por año), es decir, para que Colombia no entre en un torbellino infernal del endeudamiento para mantener sus programas de gasto público. Además, se requiere al menos medio punto anual adicional del PIB (5 billones más) para atender los apremiantes programas sociales de emergencia que allí están descritos. El principal de los cuales es el montaje del ingreso solidario ampliado que es la propuesta social principal del gobierno. En total, y antes de lo que se negocie adicional con el comité de paro, estamos hablando de necesidades no inferiores a 15 billones de nuevos recaudos tributarios por año.

Si en la mesa de negociaciones se contraen compromisos presupuestales superiores a  este monto, y si se desea seguir manteniendo algún control sobre las finanzas públicas del país (principalmente para que el déficit público no se desborde y  entremos  por el oscuro callejón de un endeudamiento explosivo que termine disparando las tasas de interés, la inflación y comprometiendo  las posibilidades de  la recuperación económica), es indispensable  que los ingresos tributarios se incremente en la cuantía  correspondiente a lo que se pacte en la mesa de negociación con el  esquivo comité del paro. Y con las mingas.

Los costos de esta negociación pueden ser inmensos. Por ejemplo, Juan Carlos Echeverri calcula que la sola gratuidad de la universidad pública para estratos 1,2 3 anunciada aún antes de que se inicien las negociaciones formales con el comité del paro, puede representar el equivalente al 20% de la reforma tributaria que piensa presentar el ministro J.M. Restrepo.

Es por esta razón que la “convergencia” entre una nueva reforma tributaria de mínimos (apoyada ahora, no en descargar el fardo fiscal como lo hacía la anterior sobre las rentas de trabajo y la clase media sino sobre las rentas de capital y las personas con mayor capacidad económica) resulta apremiante. Si el paquete que se negocie para levantar el paro termina valiendo más de lo que estaba previsto en la reforma fallida para gastos de emergencia social, en esa misma cantidad tendría que incrementarse el recaudo proyectado de recursos frescos y permanentes.  Si no queremos que la sostenibilidad económica del país se salga de control.

Algunos pensamos que el financiamiento de esta grave emergencia tiene que salir, no de una sola fuente sino de una mezcla que comprenda nuevos recursos tributarios, endeudamiento adicional hasta límites razonables, eliminación de gastos innecesarios y venta de activos públicos. El endeudamiento ha avanzado notablemente en este primer año de pandemia: de niveles de 50% del PIB nos estamos acercando ya al 70% del PIB. Y no puede seguir creciendo indefinidamente.

Otros, como Petro, consideran que la fórmula del endeudamiento sin límite es la mejor. Y que el Banco de la República debe otorgar un crédito de emisión inmenso al gobierno para financiar cuanto gasto público se ocurra en adelante. El Banco de la República no lo hará. Pero esta solución es no solo simplista sino peligrosa. Detrás del crédito inmoderado siempre viene la inflación y mucho más si quien lo otorga es el Banco Central.

En las circunstancias actuales lo grave no sería tanto que perdiéramos la calificación de inversión con las agencias calificadoras, como ya la perdimos esta semana con Standard and Poor´s. Sin esa calificación podríamos vivir, aunque la consecución de fondos resulte más costosa. Lo verdaderamente grave sería que, por no afinar la “convergencia” entre la nueva reforma tributaria y las concesiones que se hagan para levantar el paro, termináramos perdiendo el control sobre el manejo de las finanzas públicas. Pues sin una macroeconomía en orden no podríamos vivir mucho tiempo.