En el proceso de paz que se adelantó en Guatemala la sociedad civil ejerció un papel preponderante como pocas veces se había conocido en una experiencia similar en el mundo. También fue muy eficaz la influencia del pastor luterano Paul Wee, quien propició los primeros acercamientos entre la URNG y los militares.

En el modelo de negociación adoptado con las Farc, que fue de cúpulas, pudiéramos decir que tuvo una destacada participación la comunidad internacional, incluida la ONU, no sabemos si por influencia del proceso guatemalteco o porque sencillamente coinciden en el rol de la sociedad civil.

En la dinámica que habrá de seguirse con el ELN, cuyos diálogos debieron instalarse ayer en Quito, percibo que esta organización armada ilegal busca una participación más activa de la sociedad civil. De ahí su insistencia en promover la convocatoria de una convención nacional, que ha sido una antigua aspiración de este grupo armado. Así fue propuesto en las conversaciones de paz adelantadas por el ELN y el gobierno del presidente Uribe.

En una columna anterior sostuve que las características que identifican al ELN son muy diferentes a las de las Farc. Por ello no pudieron actuar de manera conjunta. Se ha dicho que el ELN en sus comienzos era más un proyecto ideológico encarnado por la juventud universitaria influida por el modelo cubano, y no ha tenido la estructura de un ejército. Por consiguiente, el proceso de negociación con el ELN va a ser muy complejo. Para tal efecto sería muy útil que se tuvieran en cuenta los acuerdos alcanzados en los diálogos adelantados con el gobierno anterior.

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La propuesta de la C.S. de J.

Las observaciones formuladas por el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ponen en evidencia que el Acuerdo de Paz faltó consensuarlo con los representantes de la rama judicial y otros sectores de la sociedad. El procedimiento de consultas en que nos encontramos debió haberse utilizado antes de que el Acuerdo Final fuera sometido el mecanismo de la refrendación popular.

Se ha dicho que el modelo de justicia transicional adoptado revela una profunda desconfianza en los órganos de la justicia, que tiene necesidad de ajustes, pero puede hacer compatible su esquema de funcionamiento con el de la justicia transicional. Así ha ocurrido con la Ley de Justicia y Paz.

La Corte ha propuesto que “la justicia especial y transitoria forme parte de la Rama Jurisdiccional del Poder Público.” También propone que los magistrados que integrarían la JEP sean colombianos de nacimiento y quedar sometidos al control disciplinario, penal y fiscal previstos para la jurisdicción ordinaria. Agrega que debe mantenerse en cabeza de la Corte la competencia para el conocimiento de la acción de revisión de los procesos penales, sin perjuicio de modificar las sanciones impuestas en esos procesos; o sea, mantener la figura de la cosa juzgada.

Como dice el Fiscal General, es necesario evaluar tales recomendaciones y tenerlas en cuenta para garantizar la seguridad jurídica.