La nueva administración de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez acaba de dar un inmejorable ejemplo de los vientos de cambio que han llegado a esa Institución. La configuración de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte es un buen indicativo del propósito de seriedad que se persigue en el ejercicio de la función judicial.

La conclusión surge obvia de los nombres de los nuevos miembros de esa entidad. Hay dos viejos conocidos de esa unidad: Jaime Camacho Flores y Fabio Espitia Garzón, quienes ya habían sido integrantes de la mejor Unidad que se ha integrado, la de Gustavo de Greiff.

Otros dos, por lo menos los más conocidos, son juristas íntegros y de confiabilidad absoluta. Jorge Velásquez Niño y Hernán Díaz. Veteranos de la rama judicial, trabajadores anónimos de vieja data que hacen su trabajo como debe ser. Acusarán cuando haya que hacerlo y archivarán cuando no haya pruebas. Con ellos no hay riesgo de que se inventen pruebas o teorías de contexto para estructurar acusaciones o condenas mediáticas.

No obstante lo que las evidencias muestran sobre la seriedad, dedicación y honestidad absoluta de los mencionados, un cierto sector de la prensa no se le ocurrió mejor forma de saludar su designación que abofeteándolos por haber sido defensores de María del Pilar Hurtado, Jaime Camacho, y de Andrés Felipe Arias, Hernán Díaz.

No sé de dónde, ni cuál es la razón por la que la prensa colombiana tiene esa fea manía de vincular el nombre de los abogados defensores al de sus clientes para estructurar una especie de simbiosis entre uno y otro, en la que terminan responsabilizando al defensor por las actividades criminales del defendido. Un evidente acto de matoneo mediático y de discriminación anti ética.

Es obvio que los abogados penalistas defendamos personas involucradas en problemas penales. Todos tienen derecho a un abogado, y cada uno contrata al que considera mejor para el tipo de defensa que quiere ejercer.

Precisamente sobre eso es que debería versar la atención de los medios. Sobre la forma como cada quien ha ejercido la profesión. Algo va de un defensor mañoso, que intenta usar cada resquicio legal o cada tecnicismo para enredar el proceso, para dilatar las diligencias o para, francamente abusar del derecho, a un defensor serio que se limita a ejercer su derecho de forma leal y ética. Porque la ética sí tiene que ver con el derecho.

Jaime Camacho ejerció la defensa de Mª del Pilar Hurtado de manera franca y leal. Ni los que fuimos su contraparte, ni los magistrados de la Corte Suprema que juzgaron el caso pueden afirmar lo contrario. Igual puede decirse de la ejercida por Hernán Díaz en la de Andrés Felipe Arias, bajo la dirección de Jorge Aníbal Gómez, el defensor principal.

Si los abogados litigantes actuaron correctamente como tales, ¿Cuál es la razón para vetarlos cómo funcionarios públicos por el solo hecho de haber ejercido su profesión? Ni que fueran periodistas apareciendo en los “Panamá Papers” e informando sobre evasión de impuestos.

@Quinternatte