El 23 de febrero de 2012, hace nueve años, el senador y expresidente Uribe presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Iván Cepeda por manipulación de testigos. Seis años más tarde la Sala de Casación Penal, en manos de uno de los magistrados de la cueva del cartel de la toga, José Luis Barceló, luego de chuzar el teléfono de Uribe ilegalmente, archivó el proceso contra Cepeda y, en cambio, ordenó uno nuevo, más o menos por las mismas causas, soborno y manipulación de testigos, contra Uribe. El problema de Uribe con la CSJ venía desde su presidencia cuando los magistrados resolvieron rechazar todos los ternados por Uribe para nuevo fiscal.

En ese proceso Cepeda se buscó un testigo “estrella” que estaba en la cárcel, Juan Guillermo Monsalve, quien sostenía que su padre, que había sido mayordomo de la hacienda Guacharacas de los Uribe, sabía que el presidente y su hermano habían creado un grupo paramilitar. Uno de los abogados del expresidente, Diego Cadena fue inducido para que hablara con Monsalve y, supuestamente, trató de sobornarlo para que cambiara su versión. Uribe siempre lo ha negado.

El caso es que en octubre de 2019 Uribe rindió indagatoria y la Sala de Instrucción Penal, en manos del magistrado César Augusto Reyes, le dictó auto de detención. Considerando que la CSJ no le daba garantías, Uribe renunció al Senado y su caso pasó a la justicia ordinaria donde un fiscal debería revisar lo actuado y decidir si acusaba o precluía la investigación. El fiscal, Gabriel Jaimes Durán, estudió el expediente durante seis meses y analizó todas las pruebas; citó a Monsalve, que nunca había sido contrainterrogado, y éste se negó a concurrir; practicó nuevas pruebas como el testimonio de un compañero de celda de Monsalve quien afirmó que el testigo estrella era íntimo de Cepeda; y comprobó que Cepeda había dado auxilios “humanitarios” a Monsalve y su familia, hecho lo cual pidió la preclusión del proceso.

Por supuesto, la reacción de los mamertos no se hizo esperar: han hablado de la amistad del fiscal general Barbosa con el expresidente, aunque Jaimes es un fiscal independiente; otros de “fiscalía de bolsillo” (Wilson Arias, del Polo Democrático); “preclusión anunciada” (Katherine Miranda, de la Alianza Verde); que “la decisión de un Fiscal amigo no cambia la historia” (Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana);  que el fiscal  se apartó de su “deber judicial” para “proteger” al líder del Centro Democrático (Roy Barreras, un tránsfuga del partido de la U que busca refugio en la Colombia Humana porque sabe que por sí solo no va a lograr otra vez su curul y cree que puede desbancar a los viejos amigos de Petro).

La tapa la puso la alcaldesa Claudia López -que transpira odio contra Uribe- y su esposa Angélica Lozano, de la Alianza Verde. La primera habló de “impunidad garantizada” y del “sistemático uso y abuso del poder de Uribe y del uribismo”. La segunda dijo que “el Fiscal desconoce todo el acervo probatorio contra el expresidente”.

Cepeda anunció que denunciará al fiscal por prevaricato por acción y por omisión. Está acostumbrado a que los magistrados y los medios mamertos le funcionen sin chistar. Pero hacer justicia no es prevaricato.  

Todavía no ha aparecido un comunicado de la Fecode sobre el tema.

Yo, por mi parte, me uno al presidente Uribe y doy gracias a Dios porque lo libra de sus enemigos y empieza a hacerse justicia.

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