Si hay algo que interesa a toda la comunidad, particularmente en un Estado Social y Democrático de Derecho, es la economía, de cuya buena marcha y rumbo dependen todos los factores que inciden en la vida y la suerte de las personas, los hogares, las empresas y el mismo Estado. La salud, la educación, el trabajo, las finanzas, la cultura, la actividad en los más diversos campos dependen del comportamiento, la conducción y el manejo de la economía.

Es evidente que, en épocas de crisis, como la muy grave que desde hace ya un año afecta al mundo por causa del coronavirus y como efecto de las medidas restrictivas que gobiernos y autoridades se han visto obligados a adoptar, ese interés colectivo se incrementa -es natural que así ocurra-, de suerte que cualquier decisión y toda política pública, en cuanto importan a todos, tienen que ser objeto del escrutinio público. Ello pone a prueba la capacidad de los gobernantes y legisladores para responder adecuadamente al desafío inherente a sus funciones, mucho más exigente en tiempos de tanta complejidad. 

El pueblo, además, no es ya un simple espectador que se resigne a quedar en manos de los titulares del poder político. Como titular de derechos fundamentales, individuales, colectivos, sociales, económicos, culturales -en una democracia participativa- reclama que se lo tenga en cuenta y se le permita saber lo que se hace, ser informado y tomar parte en la toma de las decisiones que lo afectan.

Lo tributario hace parte de esas preocupaciones colectivas, en especial cuando se anuncia como impostergable e inevitable una reforma de grandes proporciones, que amenaza a la mayoría -particularmente a las clases media y popular-, y en consecuencia, se esperaría que sus componentes, pormenores y motivos fueran ampliamente expuestos para el examen y el consentimiento informado de la opinión, sin la improvisación que en estos días ha sido palmaria. Discutida en público, no en reunión privada del presidente de la República y los hijos de un expresidente, que además no ejercen cargo alguno relacionado con el tema.

El Congreso es el competente para resolver acerca del sistema tributario nacional; para dictar las leyes que impongan tributos fiscales y parafiscales. Pero los congresistas son apenas los representantes del pueblo en la materia, y en una democracia participativa, lo que hacen los representantes ya no es de su exclusiva y privativa voluntad, sino que debe reflejar el sentimiento, el querer y las necesidades populares. 

Pero hemos observado con asombro que ni siquiera esos representantes del pueblo saben con precisión lo que quiere hacer el Gobierno. Además de informaciones parciales y a diario corregidas por voceros gubernamentales -que no han sido claros-, los congresistas -a quienes el Ejecutivo  convoca para que apoyen su proyecto- no conocen el texto de la iniciativa. Entendemos que ni siquiera quienes integran la bancada del partido de gobierno. 

En este tema, es necesario también que el pueblo pida explicaciones. ¿Cuál es la razón válida para sostener la necesidad imperiosa de una tercera reforma tributaria cuando -aun en plena crisis- ha habido despilfarro, gasto innecesario y muy poca austeridad?